Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Maine

Conforme al Maine Bail Code, un funcionario judicial “shall” (ordenará) la liberación previa al juicio bajo palabra (personal recognizance) o con una fianza (bail) de comparecencia sin garantía, a menos que determine que la liberación no aseguraría razonablemente la comparecencia del acusado, que el acusado se abstendrá de cometer nuevos delitos, la integridad del proceso judicial o la seguridad de otros; en ese caso, el funcionario debe imponer la condición o combinación de condiciones menos restrictiva que asegure razonablemente esos objetivos (§ 1026(2-A), (3)(A)). Una condición económica no puede exceder lo razonablemente necesario para esos fines (§ 1026(3)(B)), y los recursos económicos del acusado, incluida su capacidad para pagar una condición económica, son un factor (§ 1026(4)(C)(4)). No se puede imponer una condición económica cuando el delito más grave imputado es de Clase E, con las excepciones enumeradas (incluidos los delitos relacionados con la violencia doméstica (domestic violence), ciertos delitos sexuales conforme al capítulo 11 del título 17-A, la incomparecencia y las violaciones de las condiciones de liberación) (§ 1026(3)(B-1)). La fianza puede ser fijada por funcionarios judiciales o por comisionados de fianzas (bail commissioners) nombrados por el Chief Judge de la District Court; los comisionados de fianzas no pueden fijar la fianza de un acusado de asesinato, no pueden cambiar una fianza fijada por un tribunal, no pueden fijar la fianza por los delitos de violencia doméstica enumerados, pueden cobrar una cuota de hasta $60, pero no pueden cobrarla a un acusado que no pueda pagar ni negarse a fijar la fianza por la incapacidad de pago (§ 1023).

Los servicios legales para indigentes se prestan bajo la Maine Commission on Public Defense Services (4 M.R.S. capítulo 37) (defensor público (public defender)). El tribunal con competencia sobre el procedimiento determina si un acusado tiene la capacidad económica para obtener un abogado privado, usando como guía la información proporcionada por el director ejecutivo de la comisión (§ 1805-A(2)). Si el tribunal determina que un acusado no puede pagar un abogado privado pero puede contribuir, ordenará pagos en cuotas hasta el costo total de la representación o una contribución fija, y no se puede exigir a nadie que pague más de los gastos realmente incurridos (§ 1805-A(3)). El director ejecutivo puede verificar la elegibilidad al azar o cuando cambien las circunstancias y puede pedir al tribunal que vuelva a evaluar la indigencia (§ 1805-A(1)).