Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en South Carolina

Una persona acusada de un delito no capital debe ser liberada en espera del juicio bajo su propia palabra (own recognizance) en la primera comparecencia, a menos que el tribunal determine que dicha liberación no asegurará razonablemente su comparecencia según lo requerido, o que la persona representa un peligro irrazonable para la comunidad o para una persona. En ese caso, el tribunal puede imponer condiciones como una fianza (bail) de comparecencia con un fiador aprobado, la entrega bajo la custodia de una persona u organización designada, restricciones de viaje, asociación o residencia, o la obligación de regresar a la custodia después de ciertas horas. Al fijar las condiciones, el tribunal puede considerar la naturaleza y las circunstancias del delito, los lazos familiares, el empleo, los recursos económicos, el carácter y la condición mental, el tiempo de residencia en la comunidad, las condenas penales y cualquier historial de fuga o incomparecencia, y debe considerar los antecedentes penales de la persona, las acusaciones pendientes y anteriores, los informes de incidentes, si un extranjero presente ilegalmente representa un riesgo sustancial de fuga, si figura en una base de datos de pandillas, y si la persona ya está en libertad bajo fianza por otro delito. Para un delito violento o un delito grave (felony) con arma de fuego, la fianza debe fijarse por el monto total en efectivo. Para ciertos delitos de violencia doméstica (domestic violence) (Capítulo 25, Título 16), la audiencia de fianza debe celebrarse dentro de las veinticuatro horas después del arresto. Los tribunales de circuito pueden revisar las fianzas fijadas por los jueces de tribunales sumarios.

A una persona con derecho a un abogado conforme a la Constitución de los EE. UU. a quien el tribunal declare sin capacidad económica para contratar un abogado se le debe proporcionar uno, a menos que renuncie a él a sabiendas y voluntariamente. La persona debe firmar una declaración jurada de que no tiene capacidad económica para contratar un abogado, en la que detalle todos sus bienes. Se debe cobrar una cuota de solicitud de cuarenta dólares por los servicios del defensor público (public defender) (o del abogado designado); el secretario del tribunal u otro funcionario apropiado puede eximirla o reducirla si la persona no puede pagarla, y el juez puede ordenar que el saldo se pague durante la libertad a prueba (probation). Si la persona tiene algunos bienes pero no suficientes para contratar a un abogado privado, el tribunal puede ordenar que se paguen los bienes o una parte de ellos. En casos de emergencia, los tribunales pueden designar un abogado antes de que se complete la solicitud.