Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en West Virginia

Una persona acusada de un delito no castigado con cadena perpetua será admitida a fianza (bail) por el tribunal o el magistrado; por un delito castigado con cadena perpetua, la fianza queda a discreción del tribunal que juzgará el delito. Un funcionario judicial liberará bajo su propia palabra (own recognizance) a una persona acusada de un delito menor (misdemeanor), salvo que se demuestre causa justificada, pero esta presunción no se aplica a los delitos menores que impliquen violencia o amenazas, una víctima menor de edad, un arma letal, sustancias controladas, abuso sexual, los delitos especificados relacionados con conducir bajo los efectos (DUI), o la alteración de vehículos, el hurto menor o los bienes robados de más de $250. En los demás casos, la persona tiene derecho a fianza con las condiciones menos restrictivas necesarias para asegurar la comparecencia y la seguridad pública (como supervisión, encarcelamiento domiciliario o monitoreo electrónico, órdenes de no contacto, una fianza en efectivo o una fianza con fiadores). Los factores incluyen la capacidad de pago, la naturaleza y el número de delitos, la posible pena, la violencia, los antecedentes, el carácter, la salud, la residencia, la reputación, la solidez de la evidencia, la situación de liberación pendiente y los decomisos de fianzas anteriores. La fianza en efectivo por delitos menores no puede exceder tres veces la multa máxima. Una persona retenida por un delito menor porque no puede cumplir con una fianza garantizada debe tener una audiencia dentro de cinco días desde la fijación inicial de la fianza. El monto de la fianza o su negación pueden impugnarse mediante una petición sumaria ante un tribunal superior.

Un solicitante completa la declaración jurada financiera establecida por Public Defender Services (defensor público (public defender)), que sirve como solicitud de representación con fondos públicos. La elegibilidad se determina (por la oficina del administrador del tribunal de primera instancia, un empleado designado de la oficina del defensor público o un juez de circuito) conforme a las pautas de elegibilidad económica establecidas por la agencia, considerando factores como las perspectivas de ingresos, los activos líquidos, las deudas fijas, la edad o enfermedad de los familiares, los esfuerzos para obtener un abogado privado, el costo de un abogado privado y los arreglos de fianza. No se puede negar la representación a menos que la persona pueda obtener un abogado sin dificultades económicas indebidas. Después de una sentencia adversa, el tribunal puede ordenar el reembolso de la compensación y los gastos del abogado designado solo si la persona puede pagar sin dificultades indebidas.