Declaración jurada de herencia pequeña en Kansas

Si el total de los bienes sujetos a sucesión (probate) de un residente de Kansas no supera $75,000, los bienes muebles (por ejemplo, cuentas bancarias y vehículos) pueden transferirse a un sucesor sin abrir la sucesión, entregando al tenedor una declaración jurada (affidavit) que demuestre el derecho. Un sucesor es una persona con derecho a los bienes según el testamento o por sucesión intestada, o la persona nombrada como albacea en el testamento. La declaración jurada es suficiente si sigue sustancialmente el formulario del Kansas Judicial Council; no se presenta ante el tribunal. Cubre solo bienes muebles, no bienes inmuebles. La ley no establece un período de espera.

Kansas ofrece varias opciones más sencillas: (1) Ley de patrimonios simplificados (simplified estates act): cuando se pide en la petición, el tribunal decide si el patrimonio puede administrarse con menos supervisión judicial, considerando el tamaño del patrimonio, las relaciones familiares, la solvencia, los deseos de los herederos y el costo; una persona interesada puede objetar y pedir una administración supervisada. (2) Ley de administración informal (informal administration act): el tribunal puede dictar órdenes que asignen todos los bienes a los beneficiarios o herederos correspondientes después de pagar las deudas. (3) Determinación de la descendencia (determination of descent): si alguien murió hace más de seis meses y no se presentó un testamento ni se abrió una petición de sucesión o administración, una persona interesada puede pedir al tribunal que determine quién hereda los bienes (se usa a menudo para bienes inmuebles). No hay un límite fijo en dólares para estos procedimientos en las leyes citadas.

Las reclamaciones (creditor claims) deben presentarse dentro de los cuatro meses posteriores a la primera publicación del aviso a los acreedores o, para los acreedores conocidos o razonablemente identificables, dentro de los 30 días posteriores a que reciban el aviso real, lo que ocurra más tarde. Por lo general, los acreedores pierden sus reclamaciones contra los bienes del difunto (salvo los gravámenes existentes) a menos que se presente una petición de sucesión o administración dentro de los seis meses posteriores a la muerte. Las reclamaciones por responsabilidad civil (tort) cubiertas por el plazo de prescripción habitual se tratan por separado.