Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Hawaii

Antes de la condena, un acusado “may be admitted to bail before conviction as a matter of right” (puede ser admitido a fianza antes de la condena como cuestión de derecho) por delitos que admiten fianza, y la fianza se fija conforme a “the least restrictive conditions required to ensure the defendant's appearance and to protect the public” (las condiciones menos restrictivas necesarias para asegurar la comparecencia del acusado y proteger al público) (§ 804-4). La fianza puede negarse cuando la acusación es por un delito serio y existe un riesgo serio de fuga, de obstrucción de la justicia o de intimidación de testigos, de peligro para cualquier persona o para la comunidad, o de probable actividad ilegal adicional; y si, después de una audiencia, el tribunal determina que ninguna condición o combinación de condiciones asegurará razonablemente la comparecencia o la seguridad de cualquier otra persona o de la comunidad (§ 804-3). El monto de la fianza queda a discreción del juez o de los funcionarios nombrados en el § 804-5, y “shall be set in a reasonable amount based upon all available information, including the offense alleged, the possible punishment upon conviction, and the defendant's financial ability to afford bail” (se fijará en un monto razonable con base en toda la información disponible, incluido el delito imputado, el posible castigo en caso de condena y la capacidad económica del acusado para pagar la fianza); debe determinarse “as not to suffer the wealthy to escape by the payment of a pecuniary penalty, nor to render the privilege useless to the poor” (de modo que no se permita a los ricos escapar mediante el pago de una sanción pecuniaria, ni se haga inútil el privilegio para los pobres) (§ 804-9).

Una persona indigente que es arrestada, acusada o condenada por un delito castigado con encarcelamiento en cárcel o prisión tiene derecho a ser representada por un defensor público (public defender); el tribunal puede designar a otro abogado por un conflicto de intereses o en interés de la justicia (§ 802-1). Salvo que el tribunal ordene otra cosa, la determinación de indigencia la hace un defensor público, sujeta a revisión del tribunal, con base en una indagación adecuada sobre las finanzas de la persona y una declaración jurada o un certificado firmado por la persona que demuestre su incapacidad económica para obtener un abogado. Una persona renuncia al derecho a un abogado si se niega a proporcionar información pertinente para la determinación de indigencia (§ 802-4).