Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Idaho

Un acusado de un delito no castigado con la muerte debe ser admitido a fianza (bail) o liberado bajo palabra (own recognizance) antes de una declaración o veredicto de culpabilidad. Los magistrados y los tribunales de distrito fijan la fianza; la fianza indicada en una orden de arresto se aplica a menos que el magistrado encuentre causa justificada para cambiarla. Al fijar la liberación, el monto de la fianza y las condiciones, el tribunal puede considerar factores que incluyen el empleo y la situación económica, los lazos familiares, el historial de residencia, el carácter, la naturaleza de la acusación, los antecedentes y las comparecencias anteriores ante el tribunal, los lazos con la comunidad y los resultados de una evaluación de riesgo previa al juicio con una herramienta aprobada por la Idaho Supreme Court. El tribunal no debe exigir que la fianza se pague solo en efectivo; la fianza puede ser un depósito en efectivo, una fianza con garantía de bienes o una fianza de un fiador (surety bond). Después de una audiencia, el tribunal puede aumentar o reducir la fianza, y un acusado puede solicitar una reducción por causa justificada con aviso al fiscal.

Una persona indigente que está detenida, recluida o formalmente acusada de un delito serio tiene derecho a un abogado y a servicios de defensa a costa del erario en la medida en que la persona no pueda pagarlos. La State Public Defender de Idaho brinda la representación (defensor público (public defender)). El tribunal decide la indigencia, generalmente en la primera comparecencia, y presume indigentes a: las personas cuyo ingreso mensual actual no excede el 187% de las pautas federales de pobreza; las personas (o sus dependientes) que reciben asistencia pública como ayuda para alimentos, cobertura médica, dinero en efectivo o cuidado infantil conforme al título 56; y las personas que cumplen una sentencia en un centro correccional o están alojadas en un centro de salud mental. El tribunal también puede considerar los ingresos, los bienes, las obligaciones, los dependientes y el costo de la fianza. Se puede ordenar a una persona condenada que reembolse los costos a menos que esto le cause dificultades manifiestas.