Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Iowa

Todos los acusados tienen derecho a fianza (bail) antes y después de la condena, con un fiador suficiente, o a ser liberados bajo condiciones o bajo palabra (own recognizance), excepto los acusados enumerados (por ejemplo, los acusados de asesinato en primer grado de un agente del orden, y ciertos acusados que esperan sentencia o apelan condenas por delitos graves (felonies) de clase A, delitos graves con violencia y ciertos delitos graves de drogas). Los acusados con derecho a fianza deben ser liberados bajo palabra o con una fianza de comparecencia sin garantía, a menos que el magistrado determine que eso no asegurará razonablemente la comparecencia o pondrá en peligro la seguridad de otra persona; en ese caso, el magistrado impone la primera de las condiciones enumeradas que dé esa garantía (custodia supervisada; límites de viaje, asociación o residencia; una fianza de comparecencia con un depósito en efectivo de hasta el diez por ciento; una fianza con fiador o en efectivo; u otras condiciones como la prohibición de contacto). Los factores incluyen la naturaleza del delito, los lazos familiares, el empleo, los recursos económicos, el carácter y la condición mental, el tiempo de residencia, los antecedentes de condenas y el historial de comparecencias. Se debe informar a los acusados de su derecho a que se revisen las condiciones de liberación, y a un acusado indigente se le designa un abogado para esa revisión.

Una persona tiene derecho a un abogado designado por el tribunal (como un defensor público (public defender)) si sus ingresos son iguales o inferiores al 125% de las pautas federales de pobreza, a menos que el tribunal determine que la persona puede pagar, considerando los ingresos, los bienes embargables y la gravedad de la acusación. Una persona con ingresos superiores al 125% pero iguales o inferiores al 200% tiene derecho solo si el tribunal determina por escrito que no designar un abogado causaría dificultades sustanciales; por encima del 200%, solo si está acusada de un delito grave (felony) y el tribunal determina que hay dificultades sustanciales. La determinación se hace con base en una declaración jurada de situación económica (formulario establecido por reglamento del defensor público estatal), firmada bajo pena de perjurio y presentada en la comparecencia inicial o cuando se solicita un abogado. Una persona a quien se le concede un abogado designado debe reembolsar al estado el costo total de la asistencia legal.