La exención de la vivienda (homestead) en Pennsylvania

La exclusión de vivienda familiar y granja (homestead and farmstead exclusion) de Pennsylvania (conforme a la Taxpayer Relief Act; el plazo lo fija la Section 341 de la Act 72 de 2004) reduce en el mismo monto el valor tasado de cada vivienda familiar o granja aprobada antes de calcular el impuesto escolar a la propiedad, usando las asignaciones para la reducción del impuesto a la propiedad (property tax) que el Commonwealth distribuye a cada distrito escolar. Solo califica una residencia principal: una vivienda familiar debe usarse principalmente como domicilio de un dueño que sea persona física, y una granja (farmstead) debe tener al menos diez acres contiguos en producción agrícola comercial usados como domicilio del dueño. Algunas unidades de condominio y cooperativa pueden calificar. El monto de la exclusión varía según el distrito escolar y no está garantizado hasta que haya fondos disponibles.

El dueño presenta la solicitud de vivienda familiar/granja (homestead/farmstead) ante el tasador del condado (county assessor) (oficina de tasación del condado), que decide si toda la parcela o parte de ella califica. La ley no exige volver a presentar la solicitud cada año, pero un condado puede adoptar un calendario para revisar o volver a solicitar las propiedades aprobadas, y los distritos escolares deben avisar a los dueños de vivienda a más tardar el 31 de diciembre si una aprobación está por vencer. Un dueño cuya propiedad deje de calificar debe notificar al tasador dentro de los 45 días. Una solicitud falsa, o no reportar un cambio de uso, hace al dueño responsable de los impuestos no pagados más intereses y una multa del 10%; el fraude a sabiendas es un delito menor (misdemeanor) de tercer grado con una multa de hasta $2,500.

Las solicitudes vencen a más tardar el 1 de marzo de cada año para recibir la exclusión en los años tributarios escolares que comienzan el 1 de julio o el 1 de enero siguientes (en una ciudad de primera clase, el órgano de gobierno fija la fecha, a más tardar el 1 de diciembre del año anterior). El plazo lo fija la ley y no puede extenderse por orden ejecutiva.