Lesiones por caída por resbalón o tropiezo en Ohio

Ohio todavía clasifica a los visitantes en invitados (invitees), licenciatarios (licensees) e intrusos, y la condición del visitante determina el deber que se le debe. A los invitados de negocios (personas invitadas con un fin que beneficia al propietario) se les debe un cuidado ordinario para mantener el inmueble razonablemente seguro y una advertencia sobre los peligros ocultos (latentes). Con los licenciatarios y los intrusos solo existe el deber de no lesionarlos mediante una conducta intencional, temeraria o imprudente (willful, wanton or reckless). Conforme a la doctrina de lo abierto y obvio (open-and-obvious), el propietario no tiene ningún deber con los visitantes legítimos respecto de los peligros que son abiertos y obvios.

Ohio sigue una regla de 'natural accumulation' (acumulación natural) proveniente de decisiones judiciales. El propietario de una vivienda no tiene un deber de derecho consuetudinario de retirar una acumulación natural de hielo y nieve en aceras o caminos privados ni de hacerla menos peligrosa, ni de advertir a los visitantes sobre sus peligros. Los propietarios de locales comerciales normalmente no tienen con los invitados de negocios el deber de retirar las acumulaciones naturales de hielo y nieve de los caminos privados ni de advertir sobre ellas; la Supreme Court ha reconocido la responsabilidad cuando el propietario sabía que la acumulación natural creaba una condición sustancialmente más peligrosa de lo que los invitados debían haber previsto por las condiciones generales de la zona.

La autoridad legislativa de una ciudad tiene el cuidado, la supervisión y el control de las calles y aceras públicas, y la ley dice que la responsabilidad o inmunidad de la ciudad por no cumplir esos deberes se decide conforme a la ley de inmunidad de las subdivisiones políticas. Esa ley hace responsables a las subdivisiones políticas por no mantener por negligencia en buen estado los 'public roads' (caminos públicos), y define los caminos públicos como caminos públicos, carreteras, calles, avenidas, callejones y puentes; las aceras no figuran en esa definición. Una ciudad puede exigir a los propietarios de lotes contiguos que construyan o reparen las aceras y, si no lo hacen, hacer el trabajo y cargar el costo a la propiedad; estas leyes de cobro no dicen expresamente que el propietario contiguo sea responsable ante un peatón lesionado. El capítulo de inmunidad no contiene ningún requisito de aviso previo por escrito.

Reclamos contra una ciudad, un condado, un municipio rural (township), un distrito escolar u otra subdivisión política: el capítulo de inmunidad (revisado) no tiene un paso de aviso de reclamo (notice of claim) por escrito antes de demandar; la demanda debe presentarse dentro de los dos años posteriores a que surja el reclamo (o cualquier plazo más corto que se aplique). No se permiten daños punitivos, los seguros y otros beneficios colaterales se descuentan de la indemnización, y los daños que no son pérdidas reales (como el dolor y el sufrimiento) están limitados a $250,000 por persona, salvo en casos de muerte por negligencia. Las subdivisiones políticas son inmunes excepto en las situaciones que enumera la ley, como la conducción negligente de los empleados, no mantener por negligencia en buen estado los caminos públicos y los defectos físicos en edificios gubernamentales causados por negligencia de los empleados.

Culpa comparativa (comparative fault) modificada (límite del 51%). Una persona lesionada puede recuperar siempre que su propia culpa no haya sido mayor que la culpa combinada de todas las demás personas; los daños y perjuicios se reducen según el porcentaje de culpa de la persona lesionada. Una persona declarada con más del 50% de culpa no recupera nada.

Una acción por lesiones corporales debe presentarse dentro de dos años después de que surja la causa de acción, que por lo general es cuando ocurre la lesión. Para lesiones por exposición a ciertas sustancias (como químicos peligrosos, medicamentos recetados o dispositivos médicos, o asbesto), el plazo comienza cuando la persona se entera, o razonablemente debió enterarse, de que la lesión está relacionada con la exposición.