Reclamos por accidentes de motocicleta en Tennessee

Tennessee exige que todo conductor y pasajero de motocicleta (y quienes viajan en bicicletas motorizadas y motonetas) use un casco (helmet) protector. Un casco que cumpla la norma federal (49 CFR 571.218) satisface la ley para todos; los motociclistas de 21 años o más pueden, en cambio, usar un casco que cumpla criterios alternativos enumerados. Las exenciones incluyen a los ocupantes de una cabina cerrada o de un autociclo totalmente cerrado, a los motociclistas de 18 años o más en un desfile a 30 mph o menos, y a los motociclistas de 21 años o más en ciertas procesiones fúnebres o conmemorativas escoltadas. La sección no dice que no usar casco reduzca los daños.

Circular entre carriles (lane splitting) está prohibido: la ley de Tennessee prohíbe conducir una motocicleta entre carriles de tráfico o entre líneas o filas contiguas de vehículos, salvo los agentes de policía que cumplen funciones oficiales. No más de dos motocicletas pueden circular lado a lado en un solo carril.

Culpa comparativa modificada (modified comparative fault) (límite del 50%). La ley de daños dispone que la recuperación de cualquier indemnización queda impedida si la culpa comparativa del demandante (o, en un caso de muerte por negligencia [wrongful death], la culpa de la persona que murió) es igual o mayor al 50%. Los daños no económicos se reparten entre varios demandados según su porcentaje de culpa.

La prueba de responsabilidad financiera (seguro de auto [car insurance]) (para la prueba exigida después del 31 de diciembre de 2022 [12/31/2022]) significa una póliza de límites divididos de al menos $25,000 por lesiones corporales o muerte de una persona, $50,000 por dos o más personas en un accidente, y $25,000 por daños a la propiedad, o una póliza de límite único de $65,000, un depósito en efectivo o una fianza.

Un año después de que surge la causa de acción por lesiones a la persona (prescripción [statute of limitations]). El plazo es de dos años si se presentan cargos penales contra la persona que causó la lesión (o si la conducta es objeto de un proceso penal iniciado dentro de un año), y la persona lesionada demanda a la persona procesada.