Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Arkansas

Un funcionario judicial realiza una evaluación para la libertad previa al juicio antes de la primera comparecencia del acusado o en ella, considerando factores como el empleo, las finanzas, las relaciones familiares, la residencia, el carácter y los antecedentes. El funcionario judicial solo fijará una fianza (bail) en dinero después de determinar que ninguna otra condición asegurará razonablemente la comparecencia del acusado ante la corte. Si se fija una fianza en dinero, el funcionario exige una de estas opciones: una fianza sin garantía; una fianza sin garantía con un depósito en efectivo o en valores igual al diez por ciento (10%) de la fianza (con devolución del noventa por ciento (90%) si se cumplen las condiciones); o una fianza garantizada por el monto total en efectivo, bienes o fiadores calificados. Al fijar el monto, el funcionario considera los hechos relevantes para el riesgo de no comparecer intencionalmente, incluidos la residencia en la comunidad, el empleo y la situación económica, los lazos familiares, la reputación y la condición mental, la respuesta anterior a procesos legales, los antecedentes incluida la violencia, las personas que responden por el acusado, y la naturaleza del cargo y la sentencia probable. Para cargos que no son delitos graves, se puede permitir que el acusado deposite una suma específica que puede perderse o aplicarse a una multa y costos en lugar de comparecer.

Una persona acusada de un delito castigado con prisión que quiere un abogado designado debe presentar a la corte un certificado escrito de indigencia, en un formulario aprobado por la Arkansas Public Defender Commission, firmado bajo juramento (una declaración falsa es un delito grave o felony de Clase D). Una 'indigent person' (persona indigente) es alguien sin fondos ni bienes suficientes para contratar a un abogado debido a una dificultad económica sustancial, que se presume para las personas que reciben asistencia pública (como cupones de alimentos (food stamps), TANF, Medicaid, seguro por discapacidad, vivienda pública o SSI), que ganan menos del doscientos por ciento (200%) de las pautas federales de pobreza, que están encarceladas o que están internadas en un centro residencial de salud mental. Si la corte determina preliminarmente que la persona es o puede ser indigente, designa al defensor público (public defender). Al momento de la designación, la corte cobrará una tarifa de no menos de diez dólares ($10.00) ni más de cuatrocientos dólares ($400) pagadera a la comisión, que puede eximirse si la corte determina que es demasiado gravosa; el certificado también sirve como un acuerdo para pagar cualquier cantidad que ordene la corte.