Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Florida

“The purpose of a bail determination in criminal proceedings is to ensure the appearance of the criminal defendant at subsequent proceedings and to protect the community against unreasonable danger from the criminal defendant” (El propósito de una determinación de fianza en los procesos penales es asegurar la comparecencia del acusado penal en los procedimientos posteriores y proteger a la comunidad contra un peligro irrazonable por parte del acusado penal). El tribunal considera factores que incluyen la naturaleza y las circunstancias del delito, el peso de la evidencia, los lazos familiares del acusado, su residencia, empleo, finanzas y condición mental, su conducta pasada y sus condenas anteriores o incomparecencias, el peligro para la comunidad, el origen de los fondos de la fianza, si el acusado ya está en libertad previa al juicio, en libertad a prueba (probation) o en libertad condicional (parole), y el peligro para las víctimas (§ 903.046(2)). La Florida Supreme Court debe adoptar un tabulador uniforme de fianzas a nivel estatal para los delitos no descritos en el § 903.011(6); por lo general, los tabuladores locales no pueden fijar montos más bajos, y el tabulador “shall not bind a judge in an individual case” (no obligará a un juez en un caso individual). Una persona que cumple los criterios del § 903.011(6) — incluida una acusación actual por un delito grave capital, castigado con cadena perpetua, de primer grado o de segundo grado — no puede ser liberada antes de su audiencia de primera comparecencia o de la determinación de la fianza.

Quien solicita un defensor público (public defender) presenta la solicitud ante el secretario del tribunal (clerk of the court) para que se determine su condición de indigente y “shall pay a $50 application fee to the clerk for each application for court-appointed counsel filed” (pagará al secretario una cuota de solicitud de $50 por cada solicitud de abogado designado por el tribunal que presente), dentro de los 7 días siguientes a la solicitud; si no se ha pagado al momento de la resolución del caso, el tribunal puede imponerla como parte de la sentencia. A una persona declarada indigente no se le puede negar un abogado por no pagar la cuota. Un solicitante es indigente si sus ingresos son iguales o inferiores al 200 por ciento de las pautas federales de pobreza vigentes, o si recibe TANF-Cash Assistance, beneficios para veteranos relacionados con la pobreza o SSI. El secretario hace la determinación; un solicitante que no sea declarado indigente puede pedir la revisión del tribunal, que hace la determinación final.