Leyes de defensa propia en Florida

Florida es un estado con ley de mantenerse firme (stand-your-ground). Una persona está justificada para usar o amenazar con usar fuerza letal si cree razonablemente que es necesario para evitar la muerte inminente o lesiones corporales graves a sí misma o a otra persona, o la comisión inminente de un delito grave con violencia (forcible felony); una persona que usa o amenaza con usar fuerza letal conforme a esta sección “does not have a duty to retreat and has the right to stand his or her ground” (no tiene el deber de retirarse y tiene derecho a mantenerse firme) si no está participando en una actividad delictiva y se encuentra en un lugar donde tiene derecho a estar. Una persona cuya fuerza está justificada tiene inmunidad frente al enjuiciamiento penal y a las acciones civiles (§ 776.032(1)); en una audiencia de inmunidad previa al juicio, una vez que se plantea un reclamo prima facie de defensa propia (self-defense), la carga de la prueba mediante evidencia clara y convincente recae en la parte que busca superar la inmunidad (§ 776.032(4)).

Conforme a la doctrina del castillo (castle doctrine), una persona en una vivienda, residencia o vehículo ocupado no tiene el deber de retirarse y se presume que tenía un temor razonable de peligro inminente de muerte o lesiones corporales graves cuando usa fuerza defensiva contra una persona que estaba entrando o había entrado ilegalmente y por la fuerza en la vivienda, residencia o vehículo ocupado, si la persona sabía o tenía motivos para creer que esto estaba ocurriendo. La presunción no se aplica si, entre otras excepciones, la persona contra quien se usa la fuerza tiene derecho a estar en la vivienda, residencia o vehículo o es residente legal de estos (a falta de una orden judicial (injunction) o de una orden de no contacto), o si la persona que usa la fuerza está participando en una actividad delictiva o usando la vivienda, residencia o vehículo ocupado para promover una actividad delictiva. La fuerza justificada otorga inmunidad frente al enjuiciamiento penal y a las acciones civiles, excepto contra un agente del orden público que actuaba en el ejercicio de sus funciones oficiales y que se identificó o debía saberse que era agente.