Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Kentucky

Toda persona acusada de un delito será liberada por un tribunal competente bajo palabra (personal recognizance) o con una fianza (bail) sin garantía por un monto fijado por el tribunal o por la Supreme Court, a menos que el tribunal determine que la liberación no asegurará razonablemente la comparecencia o que la persona presenta riesgo de fuga o es un peligro para otros; en ese caso, el tribunal puede imponer condiciones como custodia supervisada, restricciones de viaje, una fianza con fiador (surety bond), una fianza con depósito del 10%, una fianza en efectivo completa, pruebas de drogas/alcohol, monitoreo por GPS u otras condiciones (§ 431.520). Una persona que sigue detenida 24 horas después de que se le imponen condiciones por no poder cumplirlas tiene derecho, mediante solicitud por escrito o por iniciativa propia del tribunal, a que se revisen las condiciones (§ 431.520(8)). La fianza debe ser suficiente para asegurar el cumplimiento, no opresiva, proporcional al delito, tener en cuenta los actos delictivos pasados y la conducta prevista, y tener en cuenta la capacidad económica del acusado; para uno o más delitos menores (misdemeanors) que no impliquen lesiones físicas ni contacto sexual, la fianza por todas las acusaciones no excederá la multa y las costas judiciales del delito menor más alto imputado; estos límites no se aplican a un acusado que se determine que presenta riesgo de fuga o es un peligro, y la negación de la liberación debe documentarse en una orden por escrito (§ 431.525). Fianzas comerciales: es ilegal que cualquier persona se dedique al negocio de fiador (bail bondsman); las organizaciones benéficas de fianzas no pueden pagar fianzas de $5,000 o más, ni ninguna fianza por ciertas acusaciones de violencia doméstica (domestic violence), violencia en el noviazgo o de delincuentes violentos (§ 431.510).

Una “needy person” (persona necesitada) que está detenida por sospecha de un delito serio, o formalmente acusada de él (y de ciertos delitos públicos o de estatus de menores), tiene derecho a ser representada por un abogado del Department of Public Advocacy (defensor público (public defender)), con exención de las costas judiciales (§ 31.110). El tribunal donde está pendiente el caso determina, en cada etapa, si la persona es necesitada, considerando factores como los ingresos, los bienes, los vehículos, los activos, las obligaciones, los dependientes, las pautas federales de pobreza, la complejidad del caso y cualquier fianza monetaria pagada; se puede designar un abogado en el primer procedimiento necesario con base en la declaración de la persona de que es necesitada, sujeto a reembolso si más adelante se determina que no lo es. La persona certifica una declaración jurada de indigencia (preparada por el funcionario de liberación previa al juicio), bajo pena de perjurio (§ 31.120). En la lectura de cargos (arraignment), el tribunal celebra una audiencia no contenciosa para decidir si una persona que solicitó un defensor público puede pagar una cuota parcial por la representación y las costas judiciales, por el monto que determine el tribunal (en un solo pago o en cuotas); una cuota parcial no pagada se convierte en una sentencia civil (§ 31.211).