Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Tennessee

Un magistrado que decide la liberación previa al juicio por un delito que admite fianza (bail) puede liberar al acusado bajo palabra (personal recognizance), con una fianza de comparecencia sin garantía, o con condiciones que pueden incluir un depósito de fianza. El magistrado “shall give first consideration to ensuring the safety of the community” (dará prioridad a garantizar la seguridad de la comunidad) y, si libera al acusado, debe imponer las condiciones menos restrictivas que aseguren razonablemente la comparecencia y la seguridad de la comunidad. El magistrado debe considerar los resultados disponibles de una evaluación de riesgo previa al juicio validada y los recursos económicos del acusado, y también puede considerar el tiempo de residencia del acusado en la comunidad; su situación laboral; sus antecedentes penales, incluidas las liberaciones anteriores bajo palabra o con fianza; si el acusado estaba en libertad por otro delito cuando fue acusado; la naturaleza del delito, la probabilidad aparente de condena y la sentencia probable; los problemas de consumo de sustancias o de salud mental que se atiendan mejor con tratamiento comunitario; y otros lazos con la comunidad o factores relacionados con el riesgo de incomparecencia intencional.

En los casos de delitos graves (felonies), cuando el acusado no tiene abogado y el tribunal lo declara indigente, el tribunal debe designar al defensor público (public defender) (si el condado tiene uno) u otro abogado competente con licencia. Una persona que dice que no puede pagar un abogado debe completar la declaración jurada uniforme de indigencia, y las declaraciones se hacen bajo juramento. Al decidir la indigencia, el tribunal considera la naturaleza de los servicios, los honorarios habituales de los abogados en la comunidad, los ingresos del acusado de cualquier fuente, las pautas federales de pobreza, la propiedad o el patrimonio neto en bienes, el monto de la fianza y si la persona pudo pagarla, y cualquier otra circunstancia pertinente. A un acusado a quien se le asigna un abogado designado por el tribunal se le cobra una cuota administrativa no reembolsable de $50 al momento de la designación; el tribunal debe eximirla o reducirla si el acusado no tiene recursos para pagarla, puede aumentarla a no más de $200 si el acusado tiene recursos suficientes, y la cuota se cobra aunque se desestimen los cargos.