Caídas en aceras y propiedad pública en South Carolina

Conforme a la South Carolina Tort Claims Act, una entidad gubernamental responsable del mantenimiento de carreteras, caminos, calles, calzadas elevadas, puentes u otras vías públicas no es responsable de un defecto o una condición en la vía pública, sobre ella, debajo de ella o que sobresalga por encima de ella que haya sido causado por un tercero (third party), a menos que la entidad no lo haya corregido dentro de un plazo razonable después de tener conocimiento real o implícito. La disposición no menciona las aceras por nombre, y las leyes leídas no tratan la responsabilidad del propietario contiguo. Los reclamos están sujetos a las reglas de la Act sobre reclamos, plazos y límites de daños (vea aviso al gobierno local).

Una sola ley, la South Carolina Tort Claims Act, cubre tanto al State como a las subdivisiones políticas. Presentar un reclamo administrativo es opcional; si se presenta contra una subdivisión política, se dirige a la subdivisión política que emplea al empleado cuyo acto u omisión causó la pérdida, y debe recibirse dentro del año posterior a que se descubrió o debió descubrirse la pérdida. Un reclamante que presenta un reclamo no puede demandar hasta que pasen 180 días, se rechace el reclamo o se rechace una oferta de acuerdo. La demanda debe presentarse dentro de los dos años posteriores a que se descubrió o debió descubrirse la pérdida (tres años si primero se presentó un reclamo). La indemnización está limitada a $300,000 por persona por hecho y $600,000 en total por hecho.

Bajo la South Carolina Tort Claims Act, un reclamante puede presentar un reclamo verificado (ante la State Fiscal Accountability Authority o la agencia empleadora para el estado, o ante la subdivisión política); si se presenta, debe recibirse dentro de un año después de que la pérdida se descubrió o debió descubrirse. La demanda debe presentarse dentro de dos años después de que la pérdida se descubrió o debió descubrirse, o dentro de tres años si primero se presentó un reclamo. La recuperación tiene un límite de $300,000 por persona y $600,000 por evento ($1.2 millones para reclamos causados por médicos o dentistas empleados por el gobierno). No se permiten daños punitivos ni intereses previos a la sentencia.

Tres años por agresión (assault), agresión física (battery), o cualquier lesión a la persona o a los derechos de otro que no surja de un contrato.