Caídas en aceras y propiedad pública en Texas

Una ciudad de Texas es responsable conforme a la Tort Claims Act por los daños derivados de sus funciones gubernamentales, que incluyen la construcción y el diseño de calles y el mantenimiento de calles. En el caso de un defecto del inmueble, el gobierno solo tiene el deber que se tiene con un licenciatario (licensee) (que por lo general exige conocimiento real del peligro), pero ese límite no se aplica al deber de advertir sobre defectos especiales, como excavaciones u obstrucciones en caminos y calles. Las disposiciones de la carta constitutiva y de las ordenanzas de una ciudad que exigen el aviso de un reclamo dentro de un plazo fijado por la carta están ratificadas por ley. Las leyes leídas no tratan la responsabilidad del propietario del inmueble contiguo a una acera.

Conforme a la Texas Tort Claims Act, una unidad gubernamental, incluida una ciudad o un condado, tiene derecho a recibir un aviso por escrito de un reclamo a más tardar seis meses después del incidente; el aviso debe describir la lesión o el daño, la fecha y el lugar, y el incidente. Las cartas constitutivas y ordenanzas de las ciudades pueden fijar sus propios plazos de aviso, que la ley ratifica. El requisito de aviso no se aplica si el gobierno tuvo conocimiento real de la muerte, la lesión o el daño a la propiedad. La responsabilidad de una unidad de gobierno local está limitada a $100,000 por persona, $300,000 por hecho por lesiones corporales o muerte, y $100,000 por daños a la propiedad; para un municipio, los límites son $250,000 por persona, $500,000 por hecho y $100,000 por daños a la propiedad. La misma Act cubre al State, con sus propios límites.

Bajo la Texas Tort Claims Act, la unidad de gobierno debe recibir el aviso del reclamo a más tardar seis meses después del incidente, que describa la lesión o daño, la hora y el lugar, y el incidente. Las cartas orgánicas de las ciudades pueden fijar plazos de aviso más cortos. No se requiere un aviso formal si la unidad de gobierno tuvo conocimiento real de la muerte, lesión o daño a la propiedad. Los daños y perjuicios tienen límites: el estado, $250,000 por persona y $500,000 por evento por lesiones corporales o muerte ($100,000 por daños a la propiedad); las ciudades, $250,000 por persona y $500,000 por evento ($100,000 por propiedad); y otras unidades de gobierno local, $100,000 por persona y $300,000 por evento ($100,000 por propiedad).

Dos años después del día en que surge la causa de acción.