Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Arizona

Todas las personas acusadas de un delito tienen derecho a fianza (bail) excepto: por delitos capitales, agresión sexual, o conducta sexual con un menor de quince años o abuso de este, cuando la prueba es evidente o la presunción es fuerte; por delitos graves (felonies) cometidos mientras la persona estaba bajo fianza por otro delito grave; por delitos graves cuando la persona representa una amenaza para otros o para la comunidad y ninguna condición de libertad puede asegurar adecuadamente la seguridad; y por delitos graves serios cometidos por una persona que entró o permaneció en los Estados Unidos ilegalmente. La fianza y las condiciones de libertad tienen como fin asegurar la comparecencia, proteger contra la intimidación de testigos y proteger a la víctima y a la comunidad. En la comparecencia inicial, un funcionario judicial ordena que una persona acusada de un delito con derecho a fianza quede en libertad mientras espera el juicio bajo palabra (own recognizance) o con fianza. El funcionario considera factores como la opinión de la víctima, la naturaleza del delito, los delitos graves o violentos anteriores, el peligro para la comunidad, el peso de las pruebas, los lazos familiares, el empleo, los recursos económicos, el carácter, la condición mental, el tiempo de residencia, los antecedentes y el historial de comparecencias ante la corte. Las condiciones pueden incluir la supervisión por una persona designada, restricciones de viaje o de contacto, un depósito en efectivo, prohibiciones de armas/alcohol/drogas y presentarse periódicamente; el monitoreo electrónico y las órdenes de no tener contacto son obligatorios para ciertos delitos graves sexuales y de violencia doméstica (domestic violence).

Los defensores públicos (public defenders) del condado, por orden de la corte, representan a una persona que tiene derecho por ley a un abogado y que no tiene la capacidad económica para contratar uno, en los delitos que se juzgan en la superior court o en la justice court y en otros procedimientos enumerados. La representación por el defensor público o por un abogado designado por la corte se da sin costo para el acusado, y la corte no puede imponer un cargo administrativo por indigencia ni ordenar el reembolso al condado por los servicios legales.