Leyes de lavado de dinero en Arizona

Arizona gradúa el lavado de dinero (money laundering) según la conducta, no según la cantidad en dólares. El lavado de dinero en segundo grado — manejar, mover u ocultar ganancias sabiendo o teniendo razones para saber que provienen de un delito, poner bienes a disposición del crimen organizado (racketeering), estructurar transacciones o evadir requisitos de reporte, usar identidades falsas o instrumentos falsificados, u operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia — es un delito grave (felony) de clase 3 (de 2.5 a 7 años por una primera ofensa no peligrosa). El lavado de dinero en primer grado — dirigir, financiar o administrar una empresa de lavado de dinero, o lavar dinero para facilitar el terrorismo o el asesinato — es un delito grave de clase 2 (de 4 a 10 años). El lavado de dinero en tercer grado — pagar o recibir algo de valor para que un transmisor de dinero omita pasos de cumplimiento — es un delito grave de clase 6. Un patrón que sume $100,000 o más en 12 meses puede dar lugar al decomiso de bienes sustitutos por un valor del triple de la cantidad.

Regla de Arizona sobre abogados asignados por la corte: Los defensores públicos (public defenders) del condado, por orden de la corte, representan a una persona que tiene derecho por ley a un abogado y que no tiene la capacidad económica para contratar uno, en los delitos que se juzgan en la superior court o en la justice court y en otros procedimientos enumerados. La representación por el defensor público o por un abogado designado por la corte se da sin costo para el acusado, y la corte no puede imponer un cargo administrativo por indigencia ni ordenar el reembolso al condado por los servicios legales. A.R.S. § 11-584

Los abogados fijan sus propios honorarios, y Arizona tiene reglas sobre cómo pueden cobrar. Consulte cómo contratar a un abogado de defensa penal en Arizona para conocer las reglas de honorarios, cómo verificar la licencia de un abogado y la ayuda gratuita.

Cómo funciona la liberación antes del juicio en Arizona: Todas las personas acusadas de un delito tienen derecho a fianza (bail) excepto: por delitos capitales, agresión sexual, o conducta sexual con un menor de quince años o abuso de este, cuando la prueba es evidente o la presunción es fuerte; por delitos graves (felonies) cometidos mientras la persona estaba bajo fianza por otro delito grave; por delitos graves cuando la persona representa una amenaza para otros o para la comunidad y ninguna condición de libertad puede asegurar adecuadamente la seguridad; y por delitos graves serios cometidos por una persona que entró o permaneció en los Estados Unidos ilegalmente. La fianza y las condiciones de libertad tienen como fin asegurar la comparecencia, proteger contra la intimidación de testigos y proteger a la víctima y a la comunidad. En la comparecencia inicial, un funcionario judicial ordena que una persona acusada de un delito con derecho a fianza quede en libertad mientras espera el juicio bajo palabra (own recognizance) o con fianza. El funcionario considera factores como la opinión de la víctima, la naturaleza del delito, los delitos graves o violentos anteriores, el peligro para la comunidad, el peso de las pruebas, los lazos familiares, el empleo, los recursos económicos, el carácter, la condición mental, el tiempo de residencia, los antecedentes y el historial de comparecencias ante la corte. Las condiciones pueden incluir la supervisión por una persona designada, restricciones de viaje o de contacto, un depósito en efectivo, prohibiciones de armas/alcohol/drogas y presentarse periódicamente; el monitoreo electrónico y las órdenes de no tener contacto son obligatorios para ciertos delitos graves sexuales y de violencia doméstica (domestic violence). Ariz. Const. art. 2, § 22; A.R.S. § 13-3967 Qué sucede después de un arresto.

Cada estado fija sus propias reglas para sellar o eliminar antecedentes. Consulte Reglas de eliminación y sellado de antecedentes de Arizona.