Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Colorado

Todas las personas tienen derecho a fianza (bail) con garantías suficientes, excepto por delitos capitales cuando la prueba es evidente o la presunción es fuerte, o cuando, después de una audiencia celebrada dentro de noventa y seis horas del arresto, la corte determina que la prueba es evidente o la presunción es fuerte y que el público estaría en peligro significativo si el acusado fuera puesto en libertad, para los cargos enumerados (como un delito violento cometido mientras estaba en libertad a prueba (probation), en libertad condicional (parole) o bajo fianza por un delito violento anterior, un delito violento después de condenas anteriores por delitos graves (felonies), y los delitos de agresión sexual). En la primera comparecencia de una persona detenida, la corte determina el tipo de fianza y las condiciones de libertad, que deben ser suficientes para asegurar razonablemente la comparecencia y proteger la seguridad de cualquier persona o de la comunidad, tomando en cuenta la situación económica de la persona. La corte debe presumir que todas las personas pueden ser puestas en libertad bajo fianza con las condiciones apropiadas y menos restrictivas; una condición monetaria de libertad debe ser razonable. Si una corte usa una tabla de fianzas, debe considerar el riesgo y las circunstancias individuales y no solo el nivel del delito; las cortes usan un instrumento de evaluación de riesgo desarrollado empíricamente cuando está disponible. Los tipos de fianza van desde una fianza bajo palabra (personal recognizance) sin garantía hasta fianzas con garantía. Para los delitos castigados solo con multa, cualquier condición monetaria no puede exceder la multa máxima.

El Colorado State Public Defender (defensor público o public defender) representa, sin costo (excepto la tarifa de trámite), a las personas indigentes acusadas de delitos graves (felonies) y a las personas indigentes acusadas de delitos menores (misdemeanors) que conllevan una posible sentencia de encarcelamiento, entre otros. El defensor público determina la indigencia, sujeto a revisión de la corte, según las normas económicas fijadas por la Colorado Supreme Court. La persona debe presentar una solicitud firmada bajo juramento y bajo pena de perjurio; una copia se envía al fiscal, que puede pedir una audiencia sobre la elegibilidad. El solicitante pagará una tarifa de trámite no reembolsable de veinticinco dólares si el abogado designado por la corte se registra en el caso; la tarifa se cobra en la sentencia o en la resolución final y puede eximirse si la corte determina que la persona no tiene los recursos económicos para pagarla. Los menores de edad y sus padres o tutores no pagan la tarifa.