Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Louisiana

Una persona bajo custodia que ha sido acusada de un delito tiene derecho a fianza (bail) antes de la condena, sujeto a los Artículos 312.1, 313 y 313.1 (Art. 312). La fianza puede ser fijada por los tribunales de distrito y sus comisionados en cualquier caso penal; por los tribunales de ciudad, de parroquia, municipales y de tránsito en casos no capitales; por los tribunales del alcalde, de menores y de familia dentro de su competencia de juicio; y por los jueces de paz (justices of the peace) en casos que no sean capitales ni castigados con trabajos forzados; la orden por escrito establece un tipo y un monto de fianza para cada acusación (Art. 314). Un tribunal de distrito puede adoptar un tabulador de fianzas para delitos graves (felonies) no capitales, y un tribunal de distrito, de parroquia o de ciudad para delitos menores (misdemeanors); un acusado puede pagar la fianza del tabulador o pedir una orden especial que fije la fianza (Art. 315). La fianza debe fijarse en un monto que asegure la comparecencia y la seguridad de otros y de la comunidad, considerando factores que incluyen la gravedad del delito, el peso de la evidencia, los antecedentes penales, la capacidad del acusado para pagar la fianza, el peligro para otros y el tipo o forma de la fianza (Art. 316). A petición del fiscal, una persona puede ser retenida hasta cinco días (sin contar fines de semana ni días feriados legales) en espera de una audiencia contradictoria, y la fianza puede negarse con evidencia clara y convincente de un riesgo sustancial de fuga o de peligro inminente; un acusado de un delito capital no tiene derecho a fianza cuando la prueba es evidente y la presunción es fuerte; se aplican reglas especiales de audiencia a los delitos de violencia doméstica (domestic violence) ('Gwen's Law') y a los delitos sexuales reiterados contra menores (Art. 313).

El tribunal hace una determinación preliminar de indigencia a más tardar en la lectura de cargos (arraignment) y puede revisarla en cualquier etapa posterior. Una persona es indigente si no puede, sin dificultades económicas sustanciales para sí misma o sus dependientes, obtener por su cuenta una representación legal competente y calificada. Se presumen dificultades económicas sustanciales para los acusados que reciben asistencia pública (como cupones de alimentos, TANF, Medicaid o seguro por discapacidad), viven en vivienda pública, ganan menos del 200% de la Federal Poverty Guideline, cumplen una sentencia en una institución correccional o están alojados en un centro de salud mental; a los demás se les evalúa con más detalle. Una persona que es o podría ser indigente presenta su solicitud al defensor público (public defender) del distrito (o al abogado de defensa de indigentes contratado/designado), quien verifica su situación económica. Cuota de solicitud: una cuota no reembolsable de $40 pagada a la oficina del defensor público del distrito, que puede eximirse o reducirse si el solicitante no puede pagarla; a una persona indigente no se le puede negar un abogado por no pagarla.