Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en Minnesota

La Constitución de Minnesota dispone que todas las personas antes de la condena “shall be bailable by sufficient sureties” (tendrán derecho a fianza con fiadores suficientes), excepto por delitos capitales cuando la prueba es evidente o la presunción es fuerte (art. I, § 7). Conforme a las Rules of Criminal Procedure, el tribunal debe liberar a un acusado bajo palabra (personal recognizance) o con una fianza de comparecencia sin garantía, a menos que la liberación ponga en peligro la seguridad pública o no asegure razonablemente la comparecencia; y el tribunal debe fijar una fianza monetaria sin otras condiciones con la que el acusado pueda ser liberado pagando en efectivo o con fiadores (Rule 6.02, subd. 1). Los factores incluyen la naturaleza del delito, el peso de la evidencia, los lazos familiares, el empleo, los recursos económicos, las condenas, las comparecencias anteriores ante el tribunal y la seguridad de la víctima y de la comunidad (subd. 2). El tribunal debe revisar las condiciones de liberación a solicitud de cualquiera de las partes (subd. 4). En los arrestos sin orden judicial por delitos menores (misdemeanors), los agentes generalmente deben emitir un citatorio y liberar a la persona (Rule 6.01).

Una persona pide al tribunal que le designe un abogado; el tribunal decide la elegibilidad económica. Un acusado no tiene capacidad económica para obtener un abogado si el acusado (o un dependiente en el mismo hogar) recibe asistencia sujeta a prueba de recursos, o si el tribunal determina que los activos líquidos y los ingresos actuales del acusado son insuficientes para pagar los costos razonables de un abogado privado en ese distrito judicial. El solicitante debe presentar una declaración financiera bajo juramento en los formularios proporcionados por el defensor público (public defender) estatal; negarse a hacerlo implica renunciar al derecho a un defensor público. Al resolverse el caso, una persona que recibió servicios de defensor público pagará al tribunal un copago de $75, que el tribunal puede reducir o eximir; es una obligación civil.