Leyes de custodia de los hijos en Connecticut

La custodia de los hijos (child custody) se decide según el interés superior del menor (best interests of the child). Los factores que el tribunal puede considerar incluyen la seguridad física y emocional del menor, su temperamento y necesidades de desarrollo, la capacidad de los padres de satisfacer esas necesidades, la información del menor, incluidas sus preferencias informadas, los deseos de los padres, las relaciones del menor con familiares, la disposición de cada padre a apoyar la relación del menor con el otro padre, la manipulación o coacción del menor, la estabilidad, la salud de todas las personas involucradas, el origen cultural, la violencia doméstica, el abuso o la negligencia, y haber completado un programa de educación para padres. Se presume que la custodia compartida es en el interés superior del menor cuando ambos padres están de acuerdo.

Una persona que busca la custodia en un caso de custodia o divorcio puede solicitar al Superior Court una orden de custodia de emergencia ex parte (sin aviso previo a la otra parte) cuando crea que existe un riesgo inmediato y presente de peligro físico o daño psicológico para el menor. La solicitud debe incluir una declaración jurada (affidavit) que describa la emergencia, indique que la orden es en el mejor interés del menor y explique lo que se hizo para notificar a la otra parte (o por qué el tribunal debe actuar sin aviso). Si el tribunal determina que existe tal riesgo, puede otorgar la custodia o las visitas temporales y prohibir a la otra parte sacar al menor del estado, interferir con la custodia o con la escolaridad del menor, u otros actos específicos. Si la orden se dicta ex parte, debe fijarse una audiencia dentro de los 14 días, y la otra parte debe ser notificada al menos cinco días antes de la audiencia.

Sí. En los casos de divorcio y otros casos de familia que involucren a un menor, el tribunal ordena a las partes asistir al programa de educación para padres del Judicial Branch, a menos que las partes acuerden no hacerlo con aprobación del tribunal, que el tribunal lo considere innecesario, o que completen un programa comparable. El programa cuesta no más de $200 por persona (indexado a la inflación), no se puede excluir a nadie por incapacidad de pago, y dura no más de 10 horas.