Leyes de defensa propia en Maryland

Maryland sigue el deber de retirarse del derecho consuetudinario (common law) (no se encontró una ley de mantenerse firme (stand-your-ground)). En Redcross v. State, la Court of Special Appeals declaró que en los casos en que se alega defensa propia (self-defense) “the accused normally has a duty to retreat” (el acusado normalmente tiene el deber de retirarse) — el acusado debe hacer todos los esfuerzos razonables para retirarse antes de recurrir a la fuerza letal — y citó Lambert v. State: es deber del acusado, “when defending himself outside the home, to retreat or avoid the danger if the means to do so are within his power and consistent with his safety. Where, however, the peril is so imminent that he cannot retreat safely, he has a right to stand his ground and defend himself” (al defenderse fuera del hogar, retirarse o evitar el peligro si tiene los medios para hacerlo y es compatible con su seguridad. Sin embargo, cuando el peligro es tan inminente que no puede retirarse de forma segura, tiene derecho a mantenerse firme y defenderse), lenguaje reafirmado por la Court of Appeals en Burch v. State, 346 Md. 253 (1997). Las excepciones mencionadas incluyen el ataque en el propio hogar, una vía de retirada insegura y una vía de retirada desconocida para el acusado.

Derecho penal: según la jurisprudencia de Maryland, “the most common exception to the retreat rule is the ‘castle doctrine’: there is no duty to retreat if one is attacked in his or her own home” (la excepción más común a la regla de retirarse es la ‘doctrina del castillo’: no existe el deber de retirarse si uno es atacado en su propio hogar) (Redcross v. State, que cita Gainer, 40 Md. App. at 388). Inmunidad civil: una persona no es responsable por daños por las lesiones o la muerte de una persona que entra en su vivienda o lugar de negocios si cree razonablemente que la fuerza o la fuerza letal es necesaria para repeler un ataque de esa persona y la fuerza usada es razonable según las circunstancias; la inmunidad no se aplica a una persona condenada por un delito violento, agresión (assault) en segundo grado o puesta en peligro imprudente derivados de las mismas circunstancias, y un tribunal puede otorgar costas y honorarios razonables de abogado a un demandado que prevalezca (Cts. & Jud. Proc. § 5-808).