La ley limón (lemon law) en Connecticut

La ley limón (lemon law) de Connecticut cubre vehículos motorizados nuevos de pasajeros y de pasajeros comerciales, y motocicletas, vendidos o arrendados en Connecticut. Los defectos informados dentro de dos años o las primeras 24,000 millas, lo que termine primero, deben ser reparados. Si el fabricante no puede corregir un defecto que perjudique sustancialmente el uso, la seguridad o el valor después de un número razonable de intentos, debe reemplazar el vehículo por uno aceptable para el consumidor, o recibirlo de vuelta y reembolsar el precio total del contrato, los cargos colaterales (como el impuesto sobre las ventas y el registro), ciertos cargos financieros y daños incidentales, menos una compensación razonable por el uso. Se presume un número razonable de intentos después de cuatro o más reparaciones del mismo defecto, o 30 o más días calendario fuera de servicio, en ese período; para un defecto que sea un grave peligro para la seguridad, bastan dos intentos de reparación dentro del plazo de la garantía o de un año. El consumidor debe dar aviso escrito al fabricante solo si el fabricante divulgó claramente ese requisito en la garantía o en el manual del propietario.

1) Aviso por escrito (written notice): según el estatuto, el consumidor solo tiene que notificar por escrito al fabricante (manufacturer) si este divulgó claramente en la garantía (warranty) o en el manual del propietario que se requiere un aviso por escrito, y dio un nombre y una dirección para ello. Por separado, el Department of Consumer Protection (DCP) pide a los solicitantes que notifiquen al fabricante, por correo o correo electrónico, su intención de presentar un reclamo bajo la ley limón (lemon law) y que suban una copia de esa carta con la solicitud. Los arrendatarios deben enviar una carta certificada o registrada a la compañía de arrendamiento. 2) Último intento de reparación (final repair attempt): no se describe un paso separado de último intento de reparación. 3) Arbitraje (arbitration): el DCP administra un programa estatal de arbitraje para los consumidores cuyo fabricante no tiene un programa de disputas certificado por el Attorney General (Fiscal General). Las solicitudes se aceptan únicamente en línea, a través del portal estatal eLicense. El consumidor paga una tarifa de presentación (filing fee) de $50, que se reembolsa si el DCP determina que la queja no alega una violación de la ley limón; el fabricante paga $250. El árbitro debe decidir dentro de los 60 días, y la decisión es final y vinculante, sujeta únicamente a revisión judicial. Si el fabricante sí tiene un programa certificado, el consumidor debe usarlo primero antes de que se aplique el recurso de reembolso o reemplazo, y puede pedir un nuevo arbitraje del DCP si ese programa no siguió los procedimientos exigidos. 4) Plazo: el período para informar las reparaciones es de 2 años o 24,000 millas desde la entrega original, lo que termine primero; las secciones del estatuto revisadas no establecen un plazo separado para solicitar el arbitraje o para demandar.

Un concesionario que venda un auto usado (used car) con un precio de contado de $3,000 o más no puede negar las garantías implícitas (implied warranties). Los autos con precio de $3,000 a menos de $5,000 deben venir con una garantía escrita (warranty) que cubra todas las piezas y la mano de obra durante al menos 30 días o 1,500 millas; los autos con precio de $5,000 o más, al menos 60 días o 3,000 millas, lo que ocurra primero. Frases como “50-50” o “solo tren motriz” (drive train only) no pueden limitar estas garantías. Las reglas no se aplican a autos de menos de $3,000, ventas entre concesionarios, ni vehículos de siete años modelo de antigüedad o más. Un comprador puede renunciar a la garantía solo en cuanto a un defecto específico que el concesionario divulgue, en una renuncia escrita visible firmada antes de la venta.