Leyes de protección al consumidor de Connecticut: ley limón (lemon law), reembolsos, reparaciones y estafas

La ley limón (lemon law) de Connecticut cubre vehículos motorizados nuevos de pasajeros y de pasajeros comerciales, y motocicletas, vendidos o arrendados en Connecticut. Los defectos informados dentro de dos años o las primeras 24,000 millas, lo que termine primero, deben ser reparados. Si el fabricante no puede corregir un defecto que perjudique sustancialmente el uso, la seguridad o el valor después de un número razonable de intentos, debe reemplazar el vehículo por uno aceptable para el consumidor, o recibirlo de vuelta y reembolsar el precio total del contrato, los cargos colaterales (como el impuesto sobre las ventas y el registro), ciertos cargos financieros y daños incidentales, menos una compensación razonable por el uso. Se presume un número razonable de intentos después de cuatro o más reparaciones del mismo defecto, o 30 o más días calendario fuera de servicio, en ese período; para un defecto que sea un grave peligro para la seguridad, bastan dos intentos de reparación dentro del plazo de la garantía o de un año. El consumidor debe dar aviso escrito al fabricante solo si el fabricante divulgó claramente ese requisito en la garantía o en el manual del propietario.

Un concesionario que venda un auto usado (used car) con un precio de contado de $3,000 o más no puede negar las garantías implícitas (implied warranties). Los autos con precio de $3,000 a menos de $5,000 deben venir con una garantía escrita (warranty) que cubra todas las piezas y la mano de obra durante al menos 30 días o 1,500 millas; los autos con precio de $5,000 o más, al menos 60 días o 3,000 millas, lo que ocurra primero. Frases como “50-50” o “solo tren motriz” (drive train only) no pueden limitar estas garantías. Las reglas no se aplican a autos de menos de $3,000, ventas entre concesionarios, ni vehículos de siete años modelo de antigüedad o más. Un comprador puede renunciar a la garantía solo en cuanto a un defecto específico que el concesionario divulgue, en una renuncia escrita visible firmada antes de la venta.

En una venta por solicitación a domicilio (home solicitation sale), el comprador puede cancelar en cualquier momento antes de la medianoche del tercer día hábil después de la transacción. El vendedor debe dar un contrato o recibo escrito con un aviso en negrita de este derecho, dos copias de un formulario de “Notice of Cancellation”, y también debe informar al comprador oralmente. Después de una cancelación válida, el vendedor debe reembolsar todos los pagos y devolver cualquier bien entregado como parte de pago dentro de diez días hábiles. Los contratos de mejoras para el hogar (home improvement) deben incluir un aviso de estos derechos de cancelación, y los contratos de negociación de deudas tienen su propio derecho de cancelar de tres días hábiles.

La Connecticut Unfair Trade Practices Act (CUTPA, Conn. Gen. Stat. § 42-110a et seq.) prohíbe los métodos desleales de competencia y los actos desleales o engañosos en el comercio (prácticas desleales y engañosas). Cualquier persona que sufra una pérdida determinable de dinero o propiedad a causa de una infracción puede demandar (derecho a demandar) por los daños reales, y el tribunal puede otorgar daños punitivos, reparación en equidad, costos y honorarios razonables de abogado. No se requiere prueba de interés público ni de daño público, se permiten las demandas colectivas (class actions), y las demandas deben presentarse dentro de tres años desde la infracción.

Antes de hacer cualquier trabajo, un taller de reparación de vehículos motorizados (auto repair shop) debe obtener la autorización escrita y firmada del cliente en una factura que incluya un presupuesto por escrito (written estimate) del costo máximo de piezas y mano de obra. El taller no puede cobrar por trabajo no autorizado ni más que el presupuesto sin el consentimiento oral o escrito del cliente, y debe obtener un consentimiento adicional antes de hacer reparaciones adicionales. La factura final debe detallar las piezas y la mano de obra e indicar si se suministraron piezas usadas. Si el cliente lo pide al autorizar el trabajo, las piezas reemplazadas deben ponerse a disposición (las piezas de garantía solo para inspección). Los talleres deben exhibir letreros que expliquen estos derechos y el derecho del cliente a elegir el taller con licencia para las reparaciones por colisión.

Nadie puede aumentar el precio al por menor de ningún artículo en un área cubierta por una declaración de emergencia por desastre o de emergencia de transporte del Gobernador, o por una declaración presidencial de desastre mayor o de emergencia, hasta que se declare terminada la emergencia; se permiten las fluctuaciones normales de precios comerciales (precios abusivos; price gouging). Durante una emergencia de suministro declarada por el Gobernador, los productos y servicios designados no pueden venderse por encima del precio del vendedor previo a la emergencia, a menos que el aumento refleje los costos adicionales del vendedor. Reglas separadas prohíben precios excesivos de manera abusiva para la gasolina y otros recursos energéticos durante una alteración anormal del mercado. Las infracciones son prácticas comerciales desleales bajo CUTPA.

Nadie puede vender ni emitir un certificado de regalo (incluidas las tarjetas de regalo; gift card) que esté sujeto a una fecha de vencimiento, ni incluir lenguaje que sugiera que pueda aplicarse una. Los vendedores deben dar un comprobante de compra o recibo de regalo en papel o electrónico. Si el saldo de una tarjeta de regalo es de menos de $5 después de una compra, el titular puede pedir el saldo restante en efectivo.

Todo negocio debe divulgar de manera clara y visible su política de reembolso (refund policy) o cambio, incluso si da reembolsos o cambios en absoluto: exhibiéndola en el local para ventas en tienda, en su sitio web para ventas en línea, y oralmente para ventas por teléfono o verbales. La política debe decir si los reembolsos son en efectivo, crédito o crédito de tienda, cualquier límite de tiempo, cualquier cargo y otras condiciones. Si un vendedor que no da reembolsos no divulga debidamente su política, debe dar un reembolso o crédito de tienda por los bienes devueltos dentro de siete días después de que el consumidor los recibió.

Las clínicas de crédito (credit clinics; negocios que cobran por corregir anotaciones adversas en un informe de crédito; reparación de crédito; credit repair) deben dar un contrato escrito con las divulgaciones requeridas y no pueden cobrar a los consumidores antes de cumplir por completo sus servicios; los abogados y las organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) están excluidos. Los negociadores de deudas (liquidación de deudas; debt settlement) deben tener licencia del Banking Commissioner, deben dar un contrato escrito detallado con un derecho de cancelar de tres días hábiles, y no pueden cobrar tarifas hasta que hayan cumplido por completo los servicios que acordaron.

Los contratistas de mejoras para el hogar (home improvement contractor) y los vendedores deben tener un certificado de registro del Commissioner of Consumer Protection. Un contrato de mejoras para el hogar no es válido ni exigible contra el propietario a menos que conste por escrito, esté firmado por ambos, contenga el acuerdo completo, la fecha, el nombre, la dirección y el número de registro del contratista, un aviso de los derechos de cancelación de tres días del propietario, y las fechas de inicio y finalización. Los cambios deben constar por escrito y estar firmados. Existe un Home Improvement Guaranty Fund para ciertas pérdidas.

Cualquiera que sea dueño, tenga licencia o mantenga información personal computarizada debe notificar a los residentes afectados de Connecticut sobre una violación de seguridad (filtración de datos; data breach) sin demora irrazonable y a más tardar 60 días después de descubrirla (a menos que la ley federal exija antes). No se requiere aviso si, después de una investigación adecuada, el negocio determina razonablemente que es poco probable que la violación cause daño. También se debe notificar al Fiscal General (Attorney General), y el aviso puede retrasarse por una investigación criminal. El incumplimiento es una práctica comercial desleal.

Primero intente resolver el problema con el negocio. Si eso falla, presente una queja (complaint) ante el Complaint Center del Department of Consumer Protection, que ayuda a resolver disputas entre consumidores y negocios y hace cumplir las leyes de protección al consumidor y de licencias, aunque no representa a personas individuales. La oficina del Fiscal General (Attorney General) también recibe quejas y puede ofrecer mediación informal, pero representa el interés público y no a personas individuales y no puede dar asesoría legal.

1) Aviso por escrito (written notice): según el estatuto, el consumidor solo tiene que notificar por escrito al fabricante (manufacturer) si este divulgó claramente en la garantía (warranty) o en el manual del propietario que se requiere un aviso por escrito, y dio un nombre y una dirección para ello. Por separado, el Department of Consumer Protection (DCP) pide a los solicitantes que notifiquen al fabricante, por correo o correo electrónico, su intención de presentar un reclamo bajo la ley limón (lemon law) y que suban una copia de esa carta con la solicitud. Los arrendatarios deben enviar una carta certificada o registrada a la compañía de arrendamiento. 2) Último intento de reparación (final repair attempt): no se describe un paso separado de último intento de reparación. 3) Arbitraje (arbitration): el DCP administra un programa estatal de arbitraje para los consumidores cuyo fabricante no tiene un programa de disputas certificado por el Attorney General (Fiscal General). Las solicitudes se aceptan únicamente en línea, a través del portal estatal eLicense. El consumidor paga una tarifa de presentación (filing fee) de $50, que se reembolsa si el DCP determina que la queja no alega una violación de la ley limón; el fabricante paga $250. El árbitro debe decidir dentro de los 60 días, y la decisión es final y vinculante, sujeta únicamente a revisión judicial. Si el fabricante sí tiene un programa certificado, el consumidor debe usarlo primero antes de que se aplique el recurso de reembolso o reemplazo, y puede pedir un nuevo arbitraje del DCP si ese programa no siguió los procedimientos exigidos. 4) Plazo: el período para informar las reparaciones es de 2 años o 24,000 millas desde la entrega original, lo que termine primero; las secciones del estatuto revisadas no establecen un plazo separado para solicitar el arbitraje o para demandar.