Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en North Carolina

Un funcionario judicial (juez, secretario o magistrado) fija las condiciones de la liberación previa al juicio, imponiendo al menos una de las siguientes: una fianza (bail) de comparecencia sin garantía; la custodia a cargo de una persona u organización designada que acepte supervisar al acusado; una fianza de comparecencia garantizada; o arresto domiciliario con monitoreo electrónico (que requiere una fianza garantizada). La liberación con una promesa escrita de comparecer fue derogada por las Session Laws 2025-93. Para los acusados que no están acusados de un delito violento, el funcionario debe imponer una fianza sin garantía o la liberación bajo custodia, a menos que eso no asegure razonablemente la comparecencia, represente un peligro de lesiones para cualquier persona, o probablemente resulte en la destrucción de evidencia, la inducción al perjurio o la intimidación de testigos — en cuyo caso se impone una fianza garantizada o arresto domiciliario y se registran los motivos por escrito. Un acusado con tres o más condenas que califiquen en los 10 años anteriores debe recibir una fianza garantizada o arresto domiciliario. Para los delitos violentos, existe una presunción refutable de que ninguna condición asegurará razonablemente la comparecencia y la seguridad. El funcionario debe revisar los antecedentes penales y considerar la naturaleza y las circunstancias del delito, el peso de la evidencia y los lazos familiares, el empleo, los recursos económicos, el carácter, la situación de vivienda y la condición mental del acusado, entre otros factores. Los motivos por escrito siguen las políticas emitidas por el juez residente principal de la superior court (G.S. 15A-535(a)).

Una persona indigente tiene derecho a un abogado designado (como un defensor público (public defender)) en cualquier caso en el que sea probable que se imponga prisión, o una multa de quinientos dólares ($500.00) o más (§ 7A-451(a)(1)). El tribunal — incluido el secretario de la superior court — determina la indigencia, y el abogado se designa de acuerdo con las reglas adoptadas por la Office of Indigent Defense Services (§ 7A-452). En cada caso penal de primera instancia en el que se designa un abogado, el juez ordena una cuota de designación de setenta y cinco dólares ($75.00), pero no se debe ninguna cuota a menos que la persona sea condenada; el tribunal no puede condonar ni revocar la cuota, y la incapacidad, falta o negativa a pagarla no será motivo para negar la designación de un abogado, retirar al abogado ni declarar desacato (§ 7A-455.1).