Fianza, libertad antes del juicio y defensores públicos en New Mexico

Conforme al Artículo II, Sección 13 de la Constitución de New Mexico (según fue modificada en 2016) y la Rule 5-401, un acusado elegible para la liberación previa al juicio será liberado bajo palabra (personal recognizance) o con una fianza (bail) de comparecencia sin garantía; el tribunal puede agregar condiciones no monetarias, pero debe imponer las condiciones menos restrictivas que aseguren razonablemente la comparecencia y la seguridad pública. Al fijar las condiciones, el tribunal considerará los resultados disponibles de un instrumento de evaluación de riesgo previo al juicio aprobado por la Supreme Court y los recursos económicos del acusado. Solo se puede exigir una fianza garantizada (secured bond) con conclusiones por escrito de razones particularizadas; debe fijarse en el monto más bajo necesario, el tribunal no fijará una fianza garantizada que el acusado no pueda pagar con el propósito de detener a un acusado que de otro modo sería elegible para la liberación, y la fianza garantizada no se fijará con referencia a un tabulador predeterminado de montos monetarios. Un tribunal de registro (court of record) puede detener antes del juicio a un acusado de un delito grave (felony) si el fiscal prueba mediante evidencia clara y convincente que el acusado representa un peligro y que ninguna condición de liberación asegurará razonablemente la seguridad (las mociones de detención siguen la Rule 5-409). En la district court, la audiencia de liberación debe celebrarse a más tardar tres días después del arresto si el acusado está retenido en el centro de detención local (cinco días en los demás casos), y un acusado que sigue bajo custodia 24 horas después de la orden por no poder pagar la fianza o cumplir las condiciones tiene derecho a una audiencia de revisión dentro de cinco días.

Los solicitantes presentan su solicitud a las Law Offices of the Public Defender (defensor público (public defender)) y completan bajo juramento el formulario de elegibilidad aprobado por la Supreme Court. Se presume que un solicitante es indigente si actualmente recibe la asistencia pública enumerada (como TANF, GA, SSI, SSDI, cupones de alimentos, Medicaid o vivienda pública). De lo contrario, un solicitante es indigente si los fondos disponibles (ingreso neto del hogar más bienes menos gastos excepcionales) no exceden el ciento cincuenta por ciento (150%) de las pautas federales de pobreza vigentes. Se cobra una cuota de solicitud no reembolsable de $10.00 por cada caso (NMSA 1978, § 31-15-12); puede eximirse si la cuota representaría una dificultad excepcional. Un solicitante que no sea declarado indigente puede apelar ante el tribunal dentro de diez (10) días después de ser informado de la decisión.