Leyes de protección al consumidor de Arkansas: ley limón (lemon law), reembolsos, reparaciones y estafas

La ley limón (lemon law) de Arkansas cubre vehículos motorizados nuevos o que nunca han tenido título, comprados o arrendados por consumidores (no ciclomotores, motocicletas, las áreas habitables de casas rodantes motorizadas, ni vehículos de más de 14,000 libras de peso bruto vehicular nominal que no sean casas rodantes motorizadas). Los defectos informados durante el “motor vehicle quality assurance period” (24 meses o 24,000 millas desde la entrega, lo que sea posterior) deben ser reparados. Después de tres intentos de reparación del mismo defecto, o un intento para un defecto que probablemente cause la muerte o lesiones graves, el consumidor debe notificar al fabricante por correo certificado o registrado y permitir un intento final de reparación. Se presume un número razonable de intentos después de eso, o después de 30 días calendario acumulados fuera de servicio, o cinco o más intentos de reparación en ocasiones separadas por defectos que en conjunto perjudiquen sustancialmente el vehículo. Si el vehículo aún no se corrige, el fabricante debe dentro de 40 días reemplazarlo o recomprarlo, con una compensación razonable por el uso; el consumidor tiene un derecho incondicional a elegir un reembolso.

La ley limón (lemon law) cubre solo vehículos nuevos o que nunca han tenido título. El Fiscal General (Attorney General) explica que la ley federal exige que los concesionarios de autos usados (used car) exhiban una Buyers Guide que indique si el auto se vende “tal como está” (as is) o con garantía (warranty), y que si usted compra un auto “tal como está” y tiene problemas, debe pagar usted mismo las reparaciones. Ni la ley estatal ni la federal dan al comprador un derecho incondicional a cancelar la compra de un auto. Si un concesionario le permite llevarse un auto antes de que el financiamiento sea definitivo y luego cambia los términos (una venta “yo-yo”), usted tiene derecho a cancelar sin penalidad.

Un comprador tiene el derecho absoluto de cancelar un contrato de venta por solicitación a domicilio (home solicitation) hasta la medianoche del tercer día calendario después de firmar, sin contar domingos ni días feriados legales. El comprador cancela devolviendo el aviso de cancelación que el vendedor debe proporcionar (se sugiere correo registrado). El Fiscal General (Attorney General) dice que la ley cubre ventas de $25 o más hechas en el hogar o en un lugar que no sea el establecimiento permanente del vendedor, y que el vendedor debe informarle del derecho oralmente y darle dos copias de un formulario de cancelación. Están exentas las reparaciones de emergencia necesarias para proteger a personas o propiedad, y las ventas de vendedores que hacen 75% o más de sus ventas en su propio establecimiento. Un consumidor perjudicado por una infracción puede recuperar el 10% del total de la transacción o $100, lo que sea mayor, más los daños reales.

La Arkansas Deceptive Trade Practices Act (Ark. Code Ann. § 4-88-101 et seq.) prohíbe las prácticas comerciales engañosas y abusivas (prácticas desleales y engañosas) y la hace cumplir el Fiscal General (Attorney General), quien puede buscar restitución y sanciones civiles de hasta $10,000 por infracción. Una persona que sufra una pérdida financiera real por haber confiado en una práctica ilegal puede demandar (derecho a demandar) para recuperar esa pérdida financiera real, y el tribunal puede otorgar honorarios razonables de abogado. Generalmente se prohíben las demandas colectivas (class actions) privadas. La disposición sobre acciones privadas permite recuperar la pérdida financiera real; no menciona daños múltiples.

Después de que se declare un estado de emergencia o una emergencia local por un desastre (y durante 30 días después), o durante una alerta de seguridad nacional “roja” declarada, es ilegal vender alimentos, suministros de emergencia, suministros médicos, aceite de calefacción para el hogar, materiales de construcción, vivienda, transporte, servicios de flete y almacenamiento, o gasolina a más de 10% por encima del precio del vendedor inmediatamente antes de la emergencia (precios abusivos; price gouging). Durante 180 días después de una emergencia declarada, los contratistas no pueden cobrar más de 10% por encima de su precio previo a la emergencia por servicios de reparación, reconstrucción o limpieza. Los aumentos mayores se permiten solo si se deben directamente a mayores costos de proveedores, mano de obra o materiales, y entonces solo hasta 10% sobre el costo más el margen habitual del vendedor.

Conforme a la Arkansas Fair Gift Card Act, un certificado de regalo, tarjeta de regalo (gift card) de tienda o tarjeta prepagada de uso general no puede vencer antes de dos años desde su venta o emisión, y no se pueden cobrar cargos por latencia, inactividad o servicio antes de dos años. Después de eso, las fechas de vencimiento y los cargos se permiten solo si están claramente impresos en la tarjeta (monto, cuándo se cobran, con qué frecuencia y si se activan por inactividad). Las tarjetas promocionales o de lealtad entregadas gratis y ciertas tarjetas vendidas por debajo del valor nominal a empleadores u organizaciones benéficas están exentas.

Los contratistas de construcción residencial y los contratistas de mejoras para el hogar (home improvement contractor; quienes reparan, remodelan, amplían o mejoran una residencia unifamiliar existente de una a cuatro unidades) deben tener licencia de la Residential Contractors Committee de la Contractors Licensing Board, salvo que estén exentos; trabajar sin una licencia requerida es un delito menor Clase A (Class A misdemeanor). El Fiscal General (Attorney General) dice que cualquier contratista que construya, repare o mejore una vivienda por más de $2,000 debe tener licencia y fianza, y recomienda un contrato escrito y firmado con una descripción detallada del trabajo y los materiales, fechas de inicio y finalización, costo total y condiciones de pago, y un requisito de su aprobación por escrito para los aumentos de precio.

Una persona o negocio que adquiera, sea dueño o tenga licencia de datos personales computarizados debe notificar a cualquier residente de Arkansas cuya información personal sin cifrar fue, o se cree razonablemente que fue, obtenida por una persona no autorizada (filtración de datos; data breach), en el tiempo y la forma más expeditos posibles y sin demora irrazonable. Si se ven afectadas más de 1,000 personas, también se debe notificar al Fiscal General (Attorney General) al mismo tiempo que a las personas o dentro de 45 días después de que el negocio determine que existe una probabilidad razonable de daño, lo que ocurra primero. El aviso puede retrasarse por las autoridades, y no se requiere si una investigación razonable concluye que no hay una probabilidad razonable de daño.

Presente una queja (complaint) de consumidor ante el Fiscal General (Attorney General) en línea usando el formulario rellenable, o descargue un formulario en PDF para enviarlo por correo. También puede solicitar un formulario en papel llamando al 501-682-2007. Muchas quejas se resuelven cuando la oficina notifica al negocio; la oficina ofrece mediación, pero no puede hacerlo si usted contrató a un abogado privado o si el asunto está en un tribunal. Su queja se compartirá con el negocio.

1) Aviso por escrito (written notice) y último intento de reparación (final repair attempt): después de tres intentos de reparación del mismo defecto que perjudica sustancialmente el vehículo, o de un intento en el caso de un defecto que probablemente cause la muerte o lesiones corporales graves, el consumidor debe notificar por escrito al fabricante (manufacturer), por correo certificado o registrado, para que pueda hacer un último intento de repararlo. Dentro de los 10 días siguientes a recibir el aviso, el fabricante debe ofrecer una reparación en un taller razonablemente accesible, y luego tiene 10 días después de que el vehículo sea entregado allí para repararlo. Si no cumple alguno de los dos plazos, ya no se aplica el requisito del último intento y se presume de manera concluyente que hubo un número razonable de intentos de reparación. 2) Arbitraje (arbitration): todo fabricante que haga negocios en Arkansas debe operar o participar en un procedimiento informal de resolución de disputas ubicado en el estado que cumpla con las reglas federales (16 C.F.R. Part 703). No se puede cobrar tarifa alguna a los consumidores por usarlo, y el fabricante debe cumplir una decisión aceptada dentro de un plazo determinado de no más de 30 días. El consumidor debe usar este procedimiento antes de demandar si el concesionario (dealer) le entregó, al comprar o arrendar, la declaración escrita de derechos de la ley limón (lemon law) preparada por el Attorney General (Fiscal General); si no se hizo esa divulgación, el consumidor puede demandar directamente. Arkansas no tiene un programa estatal de arbitraje. 3) Plazo: la demanda debe iniciarse dentro de los dos años siguientes a que el consumidor informe por primera vez el defecto al fabricante, a su agente o al concesionario autorizado; si el consumidor inicia el procedimiento informal, los dos años comienzan cuando ese procedimiento se inicia. El consumidor que prevalezca recupera los costos y los honorarios de abogado.