Leyes de protección al consumidor de Indiana: ley limón (lemon law), reembolsos, reparaciones y estafas

La ley limón (lemon law) de Indiana cubre vehículos autopropulsados de menos de 10,000 libras vendidos a compradores en Indiana y destinados al uso en carretera (no vans convertidas, casas rodantes motorizadas ni tractores agrícolas). El “term of protection” termina 18 meses después de la entrega o a las 18,000 millas, lo que ocurra primero; los defectos informados en ese tiempo deben repararse incluso después de que termine. Se considera que se hizo un número razonable de intentos si el defecto fue reparado al menos cuatro veces y aún existe, o el vehículo estuvo fuera de servicio por reparaciones al menos 30 días hábiles y el defecto aún existe. Si el defecto no puede corregirse, el fabricante debe recibir el vehículo de vuelta y, a elección del comprador, dentro de 30 días reembolsar el precio total del contrato (menos una compensación razonable por el uso) o proporcionar un reemplazo comparable, y debe reembolsar los costos necesarios de remolque y alquiler.

Un consumidor puede cancelar una transacción de consumo en el hogar (home consumer transaction) con un precio de contado de $25 o más dando aviso escrito al proveedor antes de la medianoche del tercer día hábil después de lo que ocurra más tarde entre que el proveedor dé el aviso de cancelación requerido o que las partes finalmente acuerden el contrato. El proveedor debe dar dos copias de un aviso escrito separado, en letra negrita de al menos 10 puntos, que explique el derecho y cómo cancelar.

La Indiana Deceptive Consumer Sales Act (Ind. Code § 24-5-0.5) prohíbe los actos engañosos en las transacciones de consumo (prácticas desleales y engañosas). Un consumidor que confíe en un acto engañoso no subsanado o insubsanable puede demandar (derecho a demandar) por los daños reales o $500, lo que sea mayor; por un acto engañoso deliberado, el tribunal puede aumentar los daños hasta lo mayor entre el triple de los daños reales (triple de los daños) o $1,000, y puede otorgar honorarios razonables de abogado a la parte que gane. Este recurso privado generalmente no se aplica a transacciones de bienes raíces ni a reclamos por defectos de construcción.

La ley de precios abusivos (price gouging) de Indiana cubre el combustible. Durante una emergencia declarada (y las 24 horas anteriores a la declaración del Gobernador), es un precio abusivo cobrar a un consumidor un monto desmedido (unconscionable) por combustible, es decir, un precio que exceda en gran medida el precio promedio en el área comercial del minorista durante los 7 días anteriores a la declaración y que no se deba a los costos del minorista (como los costos de reposición, impuestos y transporte). El Fiscal General (Attorney General) investiga las quejas por precios abusivos.

Es un acto engañoso que una organización de servicios de crédito (credit services organization; reparación de crédito; credit repair) cobre o reciba pago antes de cumplir por completo sus servicios, a menos que tenga una fianza (surety bond) o una carta de crédito irrevocable, que cobre por remisiones a prestamistas que ofrezcan condiciones ordinarias, o que haga o aconseje declaraciones falsas o engañosas sobre la solvencia de un comprador a una agencia de crédito o a un acreedor. Se requiere una licencia del Department of Financial Institutions para operar una empresa de manejo de deudas (liquidación de deudas; debt settlement) en Indiana.

Conforme a la Home Improvement Contracts Act, un contrato de mejoras a bienes raíces (para alterar, reparar o modificar una propiedad residencial; contratista de mejoras para el hogar; home improvement contractor) de más de $150 debe entregarse al consumidor completado antes de firmar y debe incluir los detalles requeridos, como el nombre, la dirección y la información de contacto del proveedor y las personas a quienes se pueden dirigir los problemas. El proveedor debe dar al consumidor una copia completamente firmada y con fecha inmediatamente después de firmar. Las infracciones son actos engañosos que puede perseguir el Fiscal General (Attorney General) o el consumidor bajo la Deceptive Consumer Sales Act.

Un dueño de base de datos debe notificar a los residentes de Indiana cuya información personal sin cifrar (o información cifrada con la clave) fue o pudo haber sido obtenida por una persona no autorizada, si sabe o debería saber que la violación podría resultar en engaño de identidad, robo de identidad o fraude (filtración de datos; data breach). El aviso debe hacerse sin demora irrazonable y a más tardar 45 días después de descubrir la violación, con demoras razonables limitadas (para restablecer el sistema, determinar el alcance, o a solicitud de las autoridades o del Fiscal General (Attorney General)). También se debe notificar al Fiscal General (Attorney General) y, si se notifica a más de 1,000 consumidores, también a las agencias de informes del consumidor.

Presente una queja (complaint) de consumidor en línea (también disponible en español) ante la Consumer Protection Division del Fiscal General (Attorney General). Existen formularios separados en línea para quejas de cumplimiento de licencias, protección de propietarios de vivienda (mejoras del hogar e hipotecas), precios abusivos de gasolina, robo de identidad y lista de no llamar (do-not-call). La división media e investiga las quejas de consumidores contra negocios, pero por ley estatal no puede actuar como abogado privado de una persona ni dar asesoría legal.

1) Aviso por escrito (written notice): el comprador primero debe notificar al fabricante (manufacturer) de un reclamo si el fabricante divulgó claramente en la garantía (warranty) o en el manual del propietario que se requiere un aviso por escrito del defecto antes de un reembolso o reemplazo, y dio el nombre y la dirección a los cuales enviarlo. Si el fabricante no hizo esa divulgación, el comprador no tiene que notificarle. 2) Último intento de reparación (final repair attempt): no se describe un paso separado de último intento de reparación. 3) Arbitraje (arbitration): Indiana no tiene un programa estatal de arbitraje de la ley limón (lemon law). La ley limón no se aplica al comprador que no haya usado primero el programa informal de resolución de disputas de un fabricante si el Attorney General (Fiscal General) lo ha certificado como plenamente conforme con las reglas federales (16 C.F.R. Part 703) y con las reglas estatales de certificación, y el comprador recibió un aviso escrito adecuado del mismo (por ejemplo, en la garantía escrita). 4) Plazo: la demanda debe iniciarse dentro de los 2 años siguientes a que el comprador informe por primera vez el defecto al fabricante, a su agente o al concesionario (dealer) autorizado; ese período se suspende mientras un programa certificado del fabricante está atendiendo la disputa.