Leyes de protección al consumidor de Rhode Island: ley limón (lemon law), reembolsos, reparaciones y estafas

La ley limón (lemon law) de Rhode Island cubre los automóviles, camiones, motocicletas y vans con un peso bruto vehicular registrado de menos de 10,000 libras (no las casas rodantes motorizadas), comprados o arrendados. El "plazo de protección" (term of protection) es de un año o 15,000 millas desde la entrega, lo que ocurra primero. Si un defecto que afecta sustancialmente el uso, el valor de mercado o la seguridad del vehículo se reporta durante ese plazo, el fabricante debe repararlo aun después de que termine el plazo. Si no se corrige después de un número razonable de intentos, el fabricante debe recibir el vehículo de vuelta y, a elección del consumidor, reembolsar el precio total del contrato o arrendamiento (incluido el crédito por el vehículo entregado como parte de pago) menos una deducción por uso, o reemplazarlo por un vehículo nuevo comparable; los reembolsos también cubren el impuesto sobre las ventas, el registro, los cargos financieros y ciertos costos de remolque y alquiler. Se presume un número razonable de intentos si el mismo defecto se reparó cuatro o más veces, o el vehículo estuvo fuera de servicio 30 o más días calendario, durante el plazo de protección, con una última oportunidad de reparación de hasta siete días para el fabricante. Si el fabricante tiene un programa informal de disputas que califique, debe usarse primero, pero el consumidor aún puede acudir al tribunal. Al consumidor que gane se le otorgan honorarios de abogado razonables. La demanda debe presentarse dentro de tres años desde la entrega o dos años después de que el vehículo alcanzó 15,000 millas, lo que ocurra primero.

Un concesionario no puede vender un vehículo usado a un consumidor sin una garantía escrita que cubra las piezas principales (motor, transmisión, eje de transmisión, frenos, radiador, dirección, alternador, generador, motor de arranque y encendido). El plazo mínimo es de 60 días o 3,000 millas (lo que ocurra primero) para vehículos con 36,000 millas o menos, y 30 días o 1,000 millas para vehículos con más de 36,000 pero no más de 100,000 millas. Si el concesionario no puede corregir dentro de un plazo razonable un defecto cubierto que afecta sustancialmente el valor del vehículo, debe recibirlo de vuelta y reembolsar el precio de compra, con ciertos ajustes. Un concesionario puede vender un vehículo "tal como está" (as is) solo exhibiendo un aviso grande "NO WARRANTY AS TO CONDITION — SOLD AS IS" (sin garantía en cuanto a su condición — vendido tal como está) en el parabrisas e imprimiendo la renuncia de manera destacada en el contrato de venta, con las iniciales de ambas partes. La ley no se aplica a los vehículos usados vendidos por menos de $1,500 ni a los autos clásicos registrados.

El comprador puede cancelar una venta o arrendamiento de puerta en puerta de bienes de consumo o servicios de $25 o más (solicitado personalmente y acordado en un hogar o en un lugar distinto del establecimiento habitual del vendedor) enviando por correo registrado o certificado un aviso escrito de cancelación a la dirección indicada del vendedor a más tardar a la medianoche tres días después de la firma, sin contar los domingos ni los feriados postales (período de reflexión, derecho a cancelar). Las excepciones incluyen las ventas después de negociación previa en la tienda del vendedor, las visitas de emergencia o de reparación iniciadas por el comprador (con una renuncia escrita a mano), las ventas por correo o teléfono, bienes raíces, seguros y valores, y las artesanías vendidas en ferias. Por separado, una persona de edad avanzada puede cancelar un contrato de un contratista por solicitación en el hogar dentro de tres días.

La Deceptive Trade Practices Act de Rhode Island declara ilegales los métodos desleales de competencia y los actos o prácticas desleales o engañosas en el comercio (prácticas desleales y engañosas). La persona que compra o arrienda bienes o servicios principalmente para fines personales, familiares o domésticos y sufre una pérdida determinable de dinero o bienes puede demandar (derecho a demandar) por los daños reales o $500, lo que sea mayor; el tribunal puede otorgar el triple de los daños reales (triple de los daños), remedios en equidad, y honorarios de abogado y costos razonables. Se permiten las demandas colectivas, y el secretario del tribunal envía una copia de la demanda al Attorney General (Fiscal General).

Después de que el Governor declare un estado de emergencia o el President declare un desastre federal, es una práctica de venta desleal vender u ofrecer productos esenciales a los consumidores en el área de emergencia a un precio abusivamente alto (precios abusivos, price gouging), lo que significa una disparidad grosera con el precio promedio en el área local durante los 30 días anteriores a la declaración que no se deba sustancialmente a mayores costos de los proveedores. Los productos esenciales incluyen bienes y servicios como combustible para calefacción del hogar y para vehículos de motor, alimentos, agua, hielo y madera necesarios por la emergencia. La regla dura hasta que la declaración venza o termine, y se permiten las fluctuaciones normales de precios. Las violaciones se tratan como violaciones de la Deceptive Trade Practices Act.

Los vendedores no pueden poner una fecha de vencimiento a un certificado de regalo o tarjeta de regalo, limitar el tiempo para canjearlo, ni cobrar recargos o cargos mensuales o anuales de servicio o mantenimiento. Cuando una tarjeta se usa parcialmente, el saldo restante debe reemitirse, o pagarse en efectivo si es de menos de $1. Los vendedores deben conservar registros de las ventas de certificados de regalo y dar un recibo numerado para los certificados de más de $50. Las tarjetas promocionales o de lealtad entregadas sin pago están exentas, pero sus restricciones deben divulgarse.

Según la Uniform Debt-Management Services Act de Rhode Island, un proveedor debe estar registrado ante el estado antes de prestar servicios de manejo de deudas (incluidos los planes de liquidación de deudas, debt settlement) a residentes de Rhode Island. No puede cobrarse ninguna tarifa hasta que se firme un acuerdo escrito que cumpla con la ley. Para los planes en que los acreedores reducen intereses o cargos, la ley fija una tarifa de apertura de hasta $50 y una tarifa mensual de hasta $10 por acreedor, con un tope de $50 al mes; para los planes de liquidación de deudas, la tarifa de apertura se limita a lo que sea menor entre $400 o el 4% de la deuda, con el mismo tope mensual, y la compensación basada en la liquidación está limitada adicionalmente. Los montos en dólares están sujetos a ajuste por el director.

Una persona no puede emprender, ofrecer ni presentar ofertas para trabajos como contratista en una estructura sin un certificado de registro vigente de la Contractors' Registration and Licensing Board (contratista de mejoras para el hogar), y las ciudades, pueblos y el estado no pueden emitir permisos de construcción a contratistas no registrados. Los contratos derivados de solicitaciones en el hogar a personas de edad avanzada deben incluir un aviso de que la persona puede cancelar dentro de tres días hábiles (excepto en una emergencia); si el contrato no cumple y el consumidor cancela, el contratista debe devolver cualquier depósito dentro de 20 días o enfrentar el doble de los daños.

La persona o empresa que almacena, posee, recopila, mantiene o licencia información personal debe notificar a los residentes de Rhode Island de una violación que plantee un riesgo significativo de robo de identidad (filtración de datos) en el menor tiempo posible y a más tardar 45 días calendario después de confirmar la violación (30 días para las agencias estatales y municipales), sujeto a la demora por las autoridades. Si deben ser notificados más de 500 residentes de Rhode Island, también deben ser notificados el Attorney General (Fiscal General) y las principales agencias de informes de crédito.

Los consumidores pueden presentar una queja ante la Consumer Protection Unit del Attorney General (Fiscal General) usando el formulario en línea, o llamando al 401-274-4400 (opción 1). Las quejas se atienden en el orden en que se reciben; un investigador se comunicará con el consumidor, y las quejas que correspondan a la jurisdicción de otra agencia se remiten. La oficina dice que ayuda a resolver quejas contra empresas, desde pequeños cobros excesivos hasta montos de miles de dólares, pero no puede actuar como abogado privado de un consumidor.

1) Informe el problema al fabricante, a su agente, o a un concesionario (dealer) o arrendador autorizado durante el plazo de protección (un año o 15,000 millas desde la entrega original, lo que ocurra primero). La ley no exige un aviso por escrito separado del consumidor. 2) Última oportunidad de reparación: después de cuatro intentos de reparación o 30 días calendario fuera de servicio, el fabricante tiene una oportunidad más, de no más de siete días calendario, para arreglar el defecto. 3) Arbitraje (arbitration): el consumidor puede elegir (a) el programa informal de disputas del fabricante, si cumple con las reglas federales (16 C.F.R. part 703) o está aprobado por la FTC o el Attorney General, o (b) la Motor Vehicle Arbitration Board estatal administrada por la oficina del Attorney General. Si el fabricante dio un aviso claro por escrito de su programa al momento de la entrega, el consumidor debe usar uno de estos antes de que se aplique el remedio de reembolso o reemplazo. Para la junta estatal, el consumidor presenta el formulario de queja del Attorney General con una tarifa no reembolsable de $20; el fabricante paga $50. La junta decide dentro de 90 días después de que la disputa se declara elegible, y el consumidor tiene cinco días para aceptar o rechazar la decisión. Un fabricante que pierde debe cumplir dentro de 30 días o apelar ante la superior court con una garantía (bond). Una decisión del programa del fabricante obliga al fabricante solo si el consumidor la acepta, y usarlo no impide una demanda. 4) Plazo para demandar: dentro de tres años después de la entrega original o dentro de dos años después de que el odómetro llegó a 15,000 millas, lo que ocurra primero. Ese plazo se suspende desde el inicio de un procedimiento de resolución de disputas hasta 30 días después de su decisión final. Al consumidor que gana en la corte se le otorgan honorarios razonables de abogado.