Leyes de protección al consumidor de Minnesota: ley limón (lemon law), reembolsos, reparaciones y estafas

La ley limón (lemon law) de Minnesota cubre autos de pasajeros nuevos, camionetas pickup y vans (y el chasis de las casas rodantes motorizadas) usados al menos 40% para fines personales, familiares o domésticos. El fabricante debe reparar los defectos informados durante la garantía expresa (express warranty) o dentro de dos años desde la entrega, lo que ocurra primero. Se presume un número razonable de intentos si el mismo defecto fue reparado cuatro o más veces y continúa, el vehículo estuvo fuera de servicio un total de 30 o más días hábiles, o un defecto de frenos o de dirección que probablemente cause la muerte o lesiones graves continúa después de un intento de reparación; el consumidor primero debe dar al fabricante un aviso escrito y una oportunidad de corregirlo. Si el defecto perjudica sustancialmente el uso o el valor de mercado y no se corrige, el fabricante debe reemplazar el vehículo o reembolsar el precio total (incluidos impuestos, tarifas y costos de remolque y alquiler), menos una compensación por el uso de no más de 10 centavos por milla o 10% del precio, lo que sea menor; el consumidor puede elegir un reembolso. Los consumidores generalmente deben usar primero el programa informal de resolución de disputas del fabricante, y deben demandar dentro de tres años desde la entrega (o seis meses después de la decisión final del programa).

Los concesionarios que vendan autos usados (used car), pickups y vans para uso personal deben dar una garantía escrita (warranty) que cubra las piezas principales (motor, transmisión, eje de transmisión, frenos, dirección y algunas otras piezas). Dura 60 días o 2,500 millas para autos con menos de 36,000 millas; 30 días o 1,000 millas para 36,000 a menos de 75,000 millas; y 15 días o 500 millas para 75,000 a menos de 200,000 millas (este último nivel no se aplica a las ventas de concesionarios de autos nuevos). Las exclusiones incluyen los autos con 200,000 o más millas, los autos vendidos por menos de $3,000 o de ocho o más años modelo de antigüedad (a menos que tengan de 75,000 a menos de 200,000 millas), los vehículos diésel y los vehículos con título de salvamento (salvage). La ley exige la garantía en las ventas cubiertas; un consumidor puede renunciar a la cobertura de una pieza específica solo si el concesionario divulga un defecto en esa pieza en la Buyers Guide y el consumidor encierra en un círculo y firma la divulgación.

Para una venta por solicitación a domicilio (home solicitation sale) con un precio de compra de más de $25, el comprador puede cancelar hasta la medianoche del tercer día hábil después de la venta dando al vendedor un aviso escrito a la dirección que figura en el acuerdo. El aviso no necesita una forma particular; basta cualquier declaración escrita de que el comprador no tiene la intención de quedar obligado, y un aviso enviado por correo es efectivo cuando se envía.

La ley de Minnesota prohíbe usar el fraude, las prácticas desleales o abusivas, los pretextos falsos, la tergiversación o las prácticas engañosas en relación con la venta de bienes o servicios (prácticas desleales y engañosas). Cualquier persona perjudicada por una infracción puede demandar (derecho a demandar) para recuperar los daños, más costos, costos de investigación y honorarios razonables de abogado, y otra reparación en equidad.

Si el cliente lo pide, un taller de reparación de autos (auto repair shop) debe dar un presupuesto por escrito (written estimate) antes de comenzar las reparaciones, y debe informar al cliente de cualquier cargo separado de almacenamiento, de visita de servicio o de presupuesto. Un taller no puede cobrar más del 110% del presupuesto a menos que dé un presupuesto escrito revisado y el cliente autorice el trabajo adicional. Los talleres no pueden cobrar por reparaciones no autorizadas ni hacer reparaciones que sepan que son innecesarias. Para reparaciones de más de $50, el cliente debe recibir una factura detallada y con fecha que indique si las piezas son nuevas, usadas, reconstruidas o reacondicionadas.

Cuando el gobernador declara una alteración anormal del mercado vinculada a un estado de emergencia, los vendedores no pueden cobrar precios abusivamente excesivos (precios abusivos; price gouging; “unconscionably excessive prices”) por bienes y servicios esenciales como alimentos, agua, combustible, refugio, materiales de construcción, atención médica y suministros médicos y de limpieza. Un precio es abusivamente excesivo si es una gran disparidad con el precio promedio del vendedor en los 60 días anteriores a la declaración; los precios que no sean más de 25% por encima de ese promedio, o que estén sustancialmente relacionados con aumentos de costos, no lo son. La declaración termina 30 días después de que termine la emergencia, a menos que el gobernador fije una fecha anterior. Reglas separadas limitan los precios de mano de obra de los contratistas después de tormentas eléctricas severas. Las infracciones conllevan sanciones civiles de hasta $1,000 por venta, hasta $25,000 por día, que hace cumplir el Fiscal General (Attorney General); no existe un derecho privado a demandar bajo esta sección.

Es ilegal vender un certificado de regalo o una tarjeta de regalo (gift card) que tenga una fecha de vencimiento o cualquier cargo por servicio, incluido un cargo por latencia. Las excepciones incluyen las tarjetas promocionales o de lealtad gratuitas, las tarjetas vendidas con descuento para recaudar fondos, las tarjetas emitidas por empleadores, las tarjetas de llamadas prepagadas y las tarjetas de varias tiendas emitidas por bancos que divulguen su fecha de vencimiento y sus cargos.

Un vendedor debe dar un reembolso en efectivo (o crédito en la tarjeta) por los bienes que sean aceptables para devolución, a menos que exhiba de manera clara y visible en el local un aviso escrito de una política diferente en letra negrita de al menos 14 puntos (política de reembolso; refund policy). Los bienes son aceptables si se devuelven en condición razonable dentro de un tiempo razonable con comprobante de compra. La regla no se aplica a las ventas por solicitación a domicilio, los pedidos personalizados o especiales, los concesionarios de vehículos con licencia, ni las ventas bajo un contrato escrito. Las infracciones pueden acarrear una sanción civil de hasta $500 por infracción.

Las organizaciones de servicios de crédito (credit services; reparación de crédito; credit repair) no pueden recibir ningún pago antes de completar por completo los servicios que acordaron prestar, cobrar tarifas solo por remitir a un comprador a un acreedor minorista, aconsejar a los compradores que hagan declaraciones falsas sobre su crédito, ni usar prácticas engañosas.

Los contratistas de construcción residencial y los remodeladores residenciales (contratista de mejoras para el hogar; home improvement contractor) deben tener licencia del estado. Las exenciones incluyen a los propietarios que mejoran su propia vivienda o propiedad de alquiler y a los contratistas especializados con ingresos brutos anuales de $15,000 o menos que obtengan un certificado de exención. Todos los acuerdos (ofertas, contratos, órdenes de cambio) deben constar por escrito, describir el trabajo y los materiales, indicar el precio total o cómo se calculará, incluir pautas de desempeño por escrito, y estar firmados y con fecha por ambas partes, con una copia entregada al cliente sin cargo.

Un negocio que sea dueño o tenga licencia de información personal debe notificar a los residentes afectados de Minnesota en el menor tiempo posible y sin demora irrazonable después de descubrir una violación de información personal sin cifrar (filtración de datos; data breach; nombre más número de Seguro Social, número de licencia de conducir o de identificación estatal, o número de cuenta financiera con código de acceso). Se permite el retraso por las autoridades o para determinar el alcance de la violación. El aviso puede ser escrito, electrónico o, en algunos casos, un aviso sustituto. Si se notifica a más de 500 personas a la vez, el negocio debe notificar a las agencias nacionales de informes del consumidor dentro de 48 horas.

La oficina del Fiscal General (Attorney General) recomienda presentar un Consumer Assistance Request Form en línea (disponible en varios idiomas). Su Consumer Action Division se comunica con los negocios para tratar de resolver las disputas de manera voluntaria, aunque no puede obligar a una empresa a responder. También puede llamar al (651) 296-3353 en las Twin Cities o al (800) 657-3787 en el resto de Minnesota.

1) Aviso por escrito (written notice): la presunción de que el fabricante (manufacturer) tuvo un número razonable de intentos de reparación se aplica solo si el fabricante, su agente o su concesionario (dealer) autorizado ha recibido previamente un aviso por escrito, del consumidor o en su nombre, al menos una vez y ha tenido la oportunidad de corregir el defecto. El concesionario o agente que reciba el aviso debe enviarlo al fabricante por correo certificado con acuse de recibo. 2) Último intento de reparación (final repair attempt): no se describe un paso separado de último intento de reparación, más allá de esa oportunidad de corregir. 3) Arbitraje (arbitration): todo fabricante debe operar o participar en un programa informal de resolución de disputas ubicado en Minnesota que cumpla con las reglas federales (16 C.F.R. Part 703). El consumidor debe usarlo antes de demandar por un reembolso o reemplazo, a menos que el fabricante permita otra cosa. Cualquier tarifa al consumidor no puede exceder la tarifa de presentación (filing fee) del tribunal de conciliación del condado donde se lleve a cabo el arbitraje. Las decisiones no son vinculantes a menos que las partes acuerden otra cosa, y cualquiera de las partes puede llevar el caso al tribunal de distrito para un nuevo juicio; el fabricante debe hacerlo dentro de los 30 días después de recibir la decisión. Minnesota no tiene un programa estatal de arbitraje. 4) Plazo: la demanda debe iniciarse dentro de los tres años siguientes a la entrega original. Si el consumidor presentó su solicitud al programa de disputas dentro de esos tres años y no está conforme con la decisión, la demanda debe iniciarse dentro de los seis meses siguientes a la decisión final del programa.