Leyes de protección al consumidor de Vermont: ley limón (lemon law), reembolsos, reparaciones y estafas

La ley limón (lemon law) de Vermont cubre los vehículos de motor de pasajeros comprados, arrendados o registrados en Vermont, pero no las motocicletas, el área habitable de los vehículos recreativos ni los camiones de más de 12,000 libras de peso bruto vehicular. Si un defecto se reporta durante la garantía, el fabricante debe hacer las reparaciones necesarias incluso después de que termine la garantía, y los concesionarios deben entregar una orden de reparación escrita cada vez. Si un defecto que afecta sustancialmente el uso, el valor de mercado o la seguridad no puede corregirse después de un número razonable de intentos, el fabricante debe, a opción del consumidor, reemplazar el vehículo por uno nuevo comparable o recibirlo de vuelta y reembolsar el precio de compra total, los créditos por el vehículo entregado como parte de pago y el pago inicial, los cargos financieros y de registro y los daños incidentales y consecuentes, menos una deducción por uso. Se presume un número razonable de intentos si el mismo problema fue objeto de reparación al menos tres veces (la primera dentro de la garantía) y continúa, o el vehículo estuvo fuera de servicio 30 o más días calendario durante la garantía. El consumidor notifica al fabricante por escrito y elige el programa de disputas del fabricante o la Vermont Motor Vehicle Arbitration Board del estado, que no cobra tarifa de presentación. Los procedimientos deben comenzar dentro de un año después de que venza la garantía expresa.

El Consumer Assistance Program del Attorney General (Fiscal General) indica que la ley limón (lemon law) de Vermont se aplica a los vehículos dentro del período de garantía original del fabricante (o, en algunos casos, dentro de un año después de que venza), y que no existe protección adicional de ley limón para autos usados en Vermont.

El consumidor puede cancelar una venta por solicitación a domicilio hasta la medianoche del tercer día hábil posterior a firmar o aceptar de otro modo la compra (período de reflexión, derecho a cancelar). La definición de Vermont es amplia: ventas o arrendamientos de bienes o servicios de $5.00 o más solicitados personalmente o concretados en el hogar del consumidor, en su lugar de trabajo o en un lugar temporal del vendedor (como una habitación de hotel), o solicitados por teléfono estando el consumidor en casa o en el trabajo. El aviso de cancelación es efectivo cuando se envía por correo y no tiene que tener ninguna forma en particular. Una venta no puede cancelarse si el consumidor hizo una solicitud escrita a mano y firmada de bienes o servicios de emergencia y el vendedor ha comenzado sustancialmente a cumplir. El vendedor debe entregar al consumidor un recibo o contrato completo cuando el consumidor firme.

La Vermont Consumer Protection Act prohíbe los métodos desleales de competencia y los actos o prácticas desleales o engañosas en el comercio (prácticas desleales y engañosas). El consumidor que contrata bienes o servicios confiando en declaraciones o prácticas falsas o fraudulentas prohibidas, o que resulta perjudicado por ellas, puede demandar (derecho a demandar) para obtener remedios en equidad y recuperar los daños o el valor de lo que el consumidor pagó, honorarios de abogado razonables y daños ejemplares de hasta el triple del valor de la contraprestación dada (triple de los daños). Los intentos de excluir estos remedios no son exigibles.

El Consumer Assistance Program del Attorney General (Fiscal General) indica que una cotización de reparación no es una garantía y que ninguna ley de Vermont exige que un proveedor de servicios se atenga a una cotización que no sea un contrato firmado (taller de reparación de autos). Aconseja indicar por escrito qué servicios usted autoriza y preguntar sobre piezas, tarifas de mano de obra y tiempos, y señala que un mecánico puede tener derecho a retener el vehículo hasta que se pague la cuenta. Las disputas sobre trabajo insatisfactorio o cargos que excedan lo solicitado pueden llevarse al Consumer Assistance Program, a una disputa de tarjeta de crédito o al tribunal de reclamos menores (small claims).

La ley de precios abusivos (price gouging) de Vermont cubre los productos derivados del petróleo y combustibles para calefacción (combustibles para motor, propano, aceite combustible, queroseno y pellets de madera para calefacción o cocina). Cuando el Governor declara una emergencia de mercado (que dura 30 días a menos que se termine o se extienda), es una práctica desleal y engañosa que cualquier productor, proveedor, mayorista, distribuidor o minorista de estos productos los venda u ofrezca a un precio abusivamente alto (unconscionably high) durante la emergencia o los siete días anteriores. Un precio es abusivamente alto si muestra una disparidad grosera con los precios habituales del negocio antes de la emergencia o con los precios fácilmente disponibles en el área.

Los contratistas residenciales (contratista de mejoras para el hogar) deben registrarse ante la Office of Professional Regulation del Secretary of State cuando realicen construcción residencial con un valor estimado de $10,000 o más (mano de obra y materiales), y deben tener seguro y usar un contrato escrito. Las quejas contra contratistas residenciales registrados van a la Office of Professional Regulation; otras quejas de mejoras para el hogar pueden ir al Consumer Assistance Program del Attorney General (Fiscal General). El Attorney General (Fiscal General) también mantiene un Home and Land Improvement Fraud Registry de contratistas condenados por fraude en mejoras para el hogar, y recomienda un depósito de no más del 10-30% y un contrato o presupuesto por escrito.

Un recopilador de datos (data collector) que es dueño o licenciatario de información de identificación personal o credenciales de acceso computarizadas debe notificar a los consumidores afectados de una violación de seguridad (filtración de datos) en el menor tiempo posible y sin demora irrazonable, y a más tardar 45 días después de descubrirla, sujeto a las necesidades de las autoridades. También debe dar al Attorney General (Fiscal General) (o al Department of Financial Regulation, para las entidades que regula) un aviso preliminar de la violación dentro de 14 días hábiles desde el descubrimiento o cuando se notifique a los consumidores, lo que ocurra primero, con un calendario diferente para los recopiladores de datos que antes certificaron sus procedimientos de seguridad ante el Attorney General (Fiscal General).

El Consumer Assistance Program (CAP) del Attorney General (Fiscal General) acepta quejas de consumidores mediante un formulario en línea. El CAP envía la queja a la empresa y le pide que responda, ayudando a ambas partes a comunicarse para ver si la disputa puede resolverse fuera del tribunal; no es un proceso legal formal y no se garantiza una resolución. Contacto: 1-800-649-2424, ago.cap@vermont.gov, 109 State Street, Montpelier, VT 05609-1001.

1) Informe el problema durante el plazo de la garantía (warranty) y guarde las órdenes de reparación por escrito (el concesionario (dealer) debe darle una en cada visita). 2) Aviso por escrito y elección: después de un número razonable de intentos de reparación, o después de que el vehículo haya estado fuera de servicio 30 o más días calendario, el consumidor notifica al fabricante (y al arrendador del vehículo, si es arrendado) por escrito en el formulario que el fabricante debe entregar al momento de la entrega. En ese aviso el consumidor elige el programa de resolución de disputas del fabricante o la Vermont Motor Vehicle Arbitration Board del estado; elegir uno excluye el otro. Un consumidor que ha dejado de hacer los pagos del financiamiento o del arrendamiento no puede usar el remedio de la ley limón (lemon law). 3) Intento final de reparación: dentro del período de arbitraje (arbitration) de 45 días, y al menos cinco días antes de la audiencia, el fabricante tiene una última oportunidad para reparar; el derecho se pierde si no se completa a tiempo. 4) Arbitraje: la audiencia debe celebrarse dentro de 45 días después de recibir el aviso (prorrogable hasta 30 días por causa justificada; no hay audiencia si el fabricante no lo disputa). No hay tarifa de presentación ni costo para el consumidor ni en la junta estatal ni en el programa del fabricante. El vehículo debe llevarse a la audiencia para su inspección o una prueba de manejo. La junta decide dentro de 30 días después de la audiencia. Su decisión es definitiva a menos que se presente una moción de reconsideración con pruebas nuevas dentro de 30 días, y solo puede anularse en la Superior Court por motivos limitados. 5) Plazo: cualquier procedimiento bajo la ley limón debe iniciarse dentro de un año después de que venza el plazo de la garantía expresa.